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«Russian lips, full face, bótox. Más de 6.000 clientas contentas». Esta es la tarjeta de presentación de una supuesta doctora en medicina estética en Instagram que en los últimos meses ha pasado por Bilbao y San Sebastián. Y decimos supuesta porque ha sido ... denunciada por el Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) ante la Fiscalía por varios delitos, entre ellos por intrusismo laboral. La entidad colegial sostiene que esta mujer ni es una facultativa acreditada para ejercer en España, ni está autorizada para realizar los tratamientos faciales que ofrece, ni cuenta con seguro de responsabilidad civil.
El caso de esta falsa doctora es uno de los que han identificado en los últimos meses las entidades colegiales vascas de personas que ejercen la actividad médica en el conjunto de Euskadi sin tener soporte legal para ello. Es lo que han denominado 'intrusismo express'. Personas que se hacen pasar por doctoras estéticas, conciertan una serie de citas en una o dos fechas concretas, efectúan estos pseudotratamientos a un precio mucho más económico que los de las clínicas y desaparecen.
Este fenómeno, del que no han trascendido denuncias en nuestra provincia, supone ya «un problema importante», advierte el vitoriano Miguel Gutiérrez, vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Álava (ICOMA). Aunque la institución vitoriana no tiene en el radar ningún caso, Gutiérrez sí señala que les llegan «comentarios» al respecto.
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En cualquier caso, cree que «la medicina estética ejercida por personas no cualificadas es un fenómeno generalizado». Y lamenta que «no es fácil de detectar si no hay denuncia».
Aunque se están dando pasos para atajar esta situación, Gutiérrez cree que esa labor debe recaer en las instituciones. «Eso corresponde a Sanidad», argumenta, no sin anteponer que «si supiéramos algo, se lo exigiríamos a ese departamento del Gobierno vasco».
Los colegios de médicos seguían la pista de la falsa doctora que pasó por Bilbao y San Sebastián. Trataron de interceptarla, pero no fue posible. Un tiempo después se presentó en la sede de la entidad vizcaína una mujer que había recibido uno de esos pseudotratamientos. Teóricamente le había inyectado ácido hialurónico para agrandarle los labios. El resultado no solo no fue el que esperaba. Aquel tratamiento le había provocado severos daños en el entorno de la boca.
La impostora seguía un 'modus operandi'. Para cerrar las citas, las personas interesadas le debían enviar un mensaje directo por esta red social. A partir de ahí se concretaban las tarifas, más la hora y el lugar donde se iba a realizar el tratamiento en cuestión. Normalmente es en centros de belleza, aunque también usan habitaciones de hotel o pisos turísticos.
Gracias a su testimonio y a los datos facilitados por esta afectada, el colegio vizcaíno pudo formalizar una denuncia por «intrusismo» contra esta supuesta doctora. La acusa además de otros dos delitos: uno contra la salud pública, por emplear en sus tratamientos sustancias sin certificados de garantía de la Unión Europea, y otro más de lesiones.
Pero además de a esta falsa doctora, de nombre Karina y de nacionalidad rusa, han demandado también a los responsables del centro de manicura de Bilbao donde esta persona llevó a cabo aquellos pseudotratamientos como presunto colaborador de los delitos. El CMB sostiene que, aunque es difícil hacer caer el peso de la ley sobre esta doctora -previsiblemente esté en Rusia-, la Justicia sí puede hacer responsable al local donde actuó.
Similar al de Karina ha sido el 'modus operandi' de otras dos falsas doctoras a finales de mayo en San Sebastián. En esta ocasión pudieron ser detenidas por la Ertzaintza gracias a la rápida reacción del Colegio de Médicos de Gipuzkoa. Una asociada detectó por redes sociales que se iban a desplazar a la ciudad, dio aviso, se cerró una cita y se produjo la operación policial.
Los ertzainas confirmaron que estas dos mujeres, de 39 y 32 años, carecían de acreditación médica. Encontraron botes de cristal con distintos productos inyectables. Supuestamente eran ácido hialurónico y toxina botulímica, pero ninguno contaba con la certificación sanitaria de la UE. También tenían unos 7.000 euros en metálico. Fueron denunciadas por intrusismo laboral, un delito contra la salud pública y por lesiones en grado de tentativa. Tras declarar en sede judicial quedaron en libertad a la espera del avance de la investigación. Posiblemente ya no se encuentren en el país.
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