El «despilfarro» y una «gestión nefasta» acabaron con el Hiriko

La acusación, en suma, no ha movido un ápice su postura. En la última sesión del procedimiento que se sigue desde hace casi dos meses en el juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria, que se ha prolongado durante casi tres horas (aunque con un receso de veinte minutos) ha remarcado la responsabilidad del político y los empresarios citados en la precipitación de la quiebra de Afypaida. Incluso, desde la Fiscalía se ha apuntado que la manera en la que condujeron el grupo llamado a desarrollar el primer utilitario eléctrico con ‘label vasco’ generó un agravamiento de la situación económica de Afypaida –en el periodo 2013-2015, ya en su fase más delicada- superior a los 2,5 millones de euros; cuantía que coincide con la que los testimonios escuchados desde mediados de septiembre han señalado como necesaria para posibilitar la homologación del pequeño coche.

La clave de este juicio está en si los encausados incurrieron en una quiebra ‘culposa’, puesto que Afypaida se diluyó como mercantil casi dieciocho meses después de que quedase constancia de que carecía de liquidez –había iniciado un proceso concursal en abril de 2013, al que no dio continuidad en el plazo máximo fijado por ley de tres meses-. La administración concursal no tiene dudas: en esos 18 meses de espera no se corrigió la situación de insolvencia. Es más, argumentó su abogado, la presentación de la situación de quiebra definitiva llegó cuando ya se había iniciado por vía penal un procedimiento (que se encuentra aún en fase de instrucción) contra los cuatro encausados. «Ni hubo ofertas serias (para reflotar Afypaida) ni acuerdos de confidencialidad ligados a operaciones (de reflote) y desde luego nunca se informó al extinto Ministerio de Ciencia e Innovación» de que pudiera haber una inversión extraordinaria que salvase el proyecto del Hiriko. «Fue un absoluto despropósito», ha apostillado.

La compra de un coche de carreras, una maqueta del también fallido proyecto automovilístico Epsilon, como banco de pruebas se ha vuelto a considerar como una de las operaciones más gravosas. «Toda la gestión causo la situación de insolvencia. Hubo una defectuosa selección de colaboradores para desarrollar proyecto; la dirección no era la más adecuada (con mención expresa a Echave y a Antia) y nunca se presentó solicitud por escrito de homologación y se dejó caducar la posibilidad de obtener las patentes a nivel mundial», ha censurado la representante de la Abogacía del Estado que aportó otro dato: «Solo en 5 años se han producido más de cien sentencias de reintegro de la subvención porque se despilfarraba el dinero público».

Por parte de las defensas, desde Afypaida se ha incidido en que «hubo negociaciones con empresarios, acreditadas por testificales» para intentar encontrar socios inversores que permitiesen reflotar el proyecto antes de la situación de quiebra de 2015. Y se recordó que tanto Echave como Achaerandio «pusieron dinero mediante créditos subordinados… a ver como lo van a cobrar». También se ha defendido el valor de la compra del prototipo de Epsilon –por el que se pagaron 600.000 euros y que nunca pasó de ser exhibido tras un escaparate cuando por un modelo similar se desembolsaron apenas 60.000-. El abogado de Afypaisa se apoyó, en este sentido, en la defensa realizado por el técnico catalán Joan Villadelprat.

El letrado de Denokin, la sociedad que sirvió de vínculo entre Afypaida y el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets) para adquirir el modelo originario de Hiriko por 1,8 millones de euros, ha remarcado que «se quiere calificar jurídicamente cuestiones propias de la dinámica normal de un proyecto tan peculiar como este y propio de I+D+i». Remachó, de hecho, que «el cambio de sistema de cofabricantes se debió a circunstancias sobrevenidas (conflicto entre las visiones que tenían las dos empresas participantes en el proyecto, Sapa y Maser). El Hiriko fue un modelo de negocio revolucionario que interesó incluso a DB (la empresa de ferrocarriles alemanes)». Ha solicitado la exculpación para su cliente y la desestimación de la demanda. Una petición absolutoria que también se ha trasladado desde las otras sociedades del entramado que se cimentó para desarrollar el pequeño coche eléctrico. Todos han incidido en que la acusación, especialmente la del ministerio público y la Abogacía del estado, no tiene sustento suficiente para hacerles corresponsables de precipitar el final de Afypaida.