Tres familias con nueve niños se enfrentan a la posibilidad de ser desahuciadas en pisos de Berakah. Esa es la denuncia que en los últimos días han hecho pública la Ikastola Armentia -donde estudian siete de los hijos de estas familias- y la red Auzoan ... Bizi, que se han concentrado esta tarde para protestar contra la medida en el cantón de San Marcos entre pancartas y cánticos con lemas como 'Paremos los desahucios de Berakah' o 'Ez, ez, desalojorik ez'.
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Según denuncian estas dos entidades, las familias recibieron el 26 de septiembre una notificación de un desahucio listo para producirse dos días después, el día 28. Tras un tira y afloja, los inquilinos pudieron frenar esa expulsión y posponerla un mes, pero la amenaza del desalojo continúa para estos vecinos del Casco Viejo.
La ikastola donde estudian los hijos de estas tres familias publicó esta semana un comunicado con el que quiso manifestar su «cercanía» a los afectados, entre los que figurarían un total de «nueve menores -siete de ellos, pupilos de la ikastola- y cinco adultos». El propio centro educativo ha llamado a participar en la concentración de esta tarde.
Berakah es una entidad dependiente de las parroquias vitorianas de Santa María y San Vicente Mártir. Preparada para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, cuenta con un programa por el que alquila pisos a propietarios para quienes acuden a la institución católica y posee un hogar de acogida que casi siempre está completo. Entre los casos más relevantes que ha atendido Berakah últimamente está el de una familia de los vecinos estafados con alquileres falsos en la calle Prado que encontró cobijo en la entidad.
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Según explican fuentes episcopales, Berakah y los servicios sociales del Ayuntamiento han mantenido unos primeros contactos para abordar la situación y resolver el problema «a la mayor celeridad posible». Las familias, según ha afirmado la Diócesis de Vitoria en un comunicado, llevarían cuatro años alojados en recursos de la entidad católica, donde el tiempo de permanencia media oscila entre seis meses y un año, y ya reciben prestaciones económicas a las que no tenían acceso en 2019 como la renta de garantía de ingresos (RGI).
El escrito del obispado alavés señala que «hay numerosas familias esperando a entrar en estos recursos, algunos viviendo en lonjas o en situación de calle, por lo que todas estas viviendas son muy necesarias».
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