Denuncian al consejero de Vivienda por la venta de 500 VPO a un fondo sueco de inversión

Los representantes del colectivo han explicado, ante la delegación territorial de Vivienda del Gobierno vasco en la capital alavesa, que la actuación puede constituir «un delito de prevaricación, fraude y estafa». Han destacado el papel del Ejecutivo de PNV y PSE-EE en «la venta fraudulenta» de 500 viviendas de protección oficial en Salburua y Zabalgana al fondo sueco de inversión inmobiliaria Catella cuando fueron construidas con ayudas públicas, «bajo el compromiso de dedicarlas a alquiler protegido».

La asociación también ha criticado que Lakua «ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto» previsto en la Ley vasca de Vivienda, «perdiendo una gran oportunidad» de aumentar el parque público de vivienda en propiedad. A su juicio, esta política va «en contra de las necesidades de la población» al anteponer «el negocio privado al derecho a la vivienda» y dejar a parte de la población «en situación de vulnerabilidad».

La Iniciativa por el Derecho a la Vivienda y contra la Exclusión Social ha recordado que Vitalquiler se creó en 2001 con el objetivo de promover un parque de viviendas protegidas en alquiler en Vitoria, pero que, tras esta operación de venta, la entidad se ha deshecho del «57 % del parque que poseía», dejando en manos privadas la gestión de su alquiler social.

Catella se comprometió a mantener el régimen social de estas 500 viviendas hasta el año 2033, un acuerdo del que la plataforma ha recelado. El propio Iñaki Arriola (PSE) dio a conocer el pasado día 18 el importe de la operación, 51 millones de euros, impuestos excluidos, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu. No obstante, aseguró que la operación no se gestó durante el confinamiento por el Covid-19, sino que en este periodo solo se produjo su desenlace. Una de las condiciones que facilitaron la transacción se encontraba en la garantía de que los actuales inquilinos podrían seguir en las «mismas condiciones» de arrendamiento «hasta 2033»; es decir, diez años más que el acuerdo original.

Arriola, en este sentido, indicó que su departamento no ejerció el derecho de tanteo y retracto sobre estos inmuebles porque comprobó que no estaban en riesgo los requisitos legales que debe cumplir la venta de este tipo de promociones.