Denuncian a la concesionaria de las ambulancias por «incumplir el contrato» y a un director de Salud por «malversación»

El motivo de la denuncia son los «reiterados incumplimientos por parte del grupo de ambulancias, tanto de los pliegos del concurso que le obligaban a realizar una serie de prestaciones como poner en funcionamiento una serie de ambulancias o material», dijo la central. Es un paso más a la serie de «denuncias que se han producido ante la Inspección de Trabajo por falta de Equipos de Protección Individual (EPI), incumplimiento de la normativa laboral, incluso fraudes en la Seguridad Social o vehículos sin pasar la ITV», denuncias que han supuesto «hasta 100.000 euros de multa a ambulancias La Pau», según ha trasladado Patxi Nicolau, representante del sindicato.

«Todos estos hechos han sido puestos en conocimiento por parte de ESK en reiteradas ocasiones ante el Gobierno vasco, el cual no solo no ha tomado medidas, sino que ahora le ha vuelto a conceder durante otros tres años esa concesión a ambulancias La Pau, aumentándole el lote con parte de Bizkaia por un total de 140 millones de euros».

Como ha añadido el portavoz sindical, «a finales de noviembre, ESK registró un escrito en el que se solicitaba al director de Aseguramiento de Contratación Sanitaria la revocación de los pliegos, informándole de todas las sanciones, y la única respuesta por parte del Gobierno vasco ha sido la ampliación del contrato por otros tres años y por un monto total de 140 millones de euros». El contrato, ha indicado desde la central, fue adjudicado en enero y empieza a funcionar a principios de agosto.

«Entendemos que esas sanciones suponen un incumplimiento de los pliegos, un riesgo para la salud de las personas trabajadoras y para la ciudadanía porque somos los que recibimos el servicio. Dentro de las condiciones de los pliegos existen una serie de medidas que llevan a tener la potestad al Gobierno de revocarlos en caso de que la empresa no cumpla con ese requisitos, entre los que se incluye la salud laboral de las personas trabajadoras».

«Pero el departamento no ha hecho nada, aun sabiendo que había sido sancionada con ese monto total de hasta 100.000 euros». El sindicato ha presentado el escrito ante la Fiscalía, que «iniciará una investigación y si halla indicios, lo trasladará al Juzgado», ha explicado el portavoz sindical junto a su letrado.