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La empresa FCC, encargada de la limpieza y la recogida de basura de Vitoria, denuncia «graves irregularidades» en el último proceso de contratación, valorado en más de 100 millones de euros en los próximos cinco años. A escasos días de que el Ayuntamiento adjudique el nuevo servicio a Ferrovial ... a través de su filial Cespa y Onaindia, la multinacional asegura que el órgano de contratación municipal debió «excluir» a su gran rival. Según asegura en un escrito enviado a la Administración local, al que ha tenido acceso EL CORREO, la oferta que presentó esta compañía «no justifica» un millón de euros en su oferta económica.
FCC observa «arbitrariedad» por parte de la Mesa de Contratación de la capital alavesa al admitir las aclaraciones que se le solicitaron a Cespa-Onaindia en su oferta económica, y que desbloquearon el proceso tras más de dos meses de parálisis. La petición de información adicional por parte del órgano municipal se centraba en una cantidad cercana a los 1,1 millones de euros en el estudio económico, que «no aparece desglosado» en la oferta de Cespa-Onaindia, y que, según el servicio de Contabilidad municipal, «podría haberse desglosado» en diferentes anexos. La Mesa de Contratación, sin embargo, señaló en su informe que «esta circunstancia no es suficiente en sí misma para llevar a la exclusión de la oferta».
Es en esa consideración donde discrepa FCC, quien acusa al Ayuntamiento de «falta de transparencia» y «escaso respeto por los principios de igualdad y legalidad». La multinacional, de hecho, asegura que solicitó acceso a un informe contable el pasado 25 de febrero, «todavía sin resupuesta», lo que «constituye una clara infracción» legal.
FCC, que reitera que la oferta de Cespa-Onaindia fue «indebidamente aceptada», entiende que la filial de Ferrovial debió ser excluida, al igual que sucedió con Urbaser-Enviser, la tercera aspirante al contrato, aunque con una puntuación bastante menor. Los motivos expuestos por el órgano municipal fueron que la «proposición económica contiene contradicciones, omisiones o errores que impiden conocer claramente» el contenido de la oferta. FCC asegura que estos defectos eran similares a los de Ferrovial. «No se entiende cómo la Mesa puede dispensar un tratamiento tan diferente a dos supuestos sustancialmente idénticos», sentencia la empresa, en relación a que los «errores» afectaban al mismo epígrafe en ambos casos.
A falta de solo dos trámites administrativos para que concluya un proceso de contratación que ha durado más de dos años, todo apunta a que la polémica que ha rodeado al concurso público no finalizará a corto plazo. FCC, que ya aseguró que era la única compañía que cumplía las condiciones con las cerraduras electrónicas de los contenedores, presentará un recurso en el Órgano administrativo de recursos contractuales (OARC) y no cierra la puerta a llegar a los tribunales. De forma reciente, la multinacional acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para anular la adjudicación de la ampliación de un vertedero.
El Ayuntamiento, por su lado, escogerá este martes la «oferta más ventajosa», el paso previo a la adjudicación del contrato de limpieza, cuyo presupuesto inicial asciende a 107,4 millones de euros, IVA incluido. A la espera del recorrido que puedan tener los recursos y de un eventual litigio judicial entre la Administración local y FCC, el Ayuntamiento pondrá fin a uno de los concursos más largos, que arrancó con la ruptura entre el Gabinete Urtaran y la multinacional a finales de 2018. El concurso tuvo que convocarse en dos ocasiones, después de que los técnicos detectaran «errores en cuestiones básicas» de accesibilidad y defectos de forma que afectaban al 0,01% del presupuesto total.
Tras la primera licitación, que quedó desierta, el Ayuntamiento convocó un nuevo concurso por el procedimiento de urgencia. Tras la primera valoración técnica, que llegó envuelta en polémica a mediados de noviembre y derivó en la expulsión de los grupos políticos de la Mesa de Contratación, el proceso se reactivó a finales de febrero tras dos meses paralizado.
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