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47 delitos al día. Uno cada media hora en la capital alavesa, donde las infracciones penales se elevaron el año pasado un 17% respecto a 2021, según las estadísticas oficiales de la Ertzaintza y de la Policía Local. Los hurtos, las estafas por internet y ... los robos con fuerza encarnan el grueso de las infracciones penales registradas entre ambas comisarías.
Tras el respiro que entrañó el covid –debido a las restricciones horarias presentes también en parte de 2021–, la tasa criminal volvió el curso pasado a niveles que parecían superados. Con tanta fuerza como para erigirse en el peor ejercicio del último lustro a niveles de criminalidad. Los patrulleros a pie de calle y el personal de recogida de denuncias, el mejor termómetro para conocer la temperatura delincuencial local, coinciden en apreciar «una clara subida» de la inseguridad desde que se guardaron las mascarillas.
17.136 delitos registraron entre la Ertzaintza –10.423 infracciones penales conocidas– y la Policía Local –6.713– en 2022. Este flujo implica un crecimiento del 17% respecto al año anterior.
144 delitos sexuales. Esta cifra implica un incremento del 22%.
Los últimos datos estadísticos de ambos cuerpos van en esa línea. Respecto a 2021, los hurtos crecieron un 32% (hasta 3.721 atestados), el aumento de los robos con fuerza se fue hasta el 36% (1.760 casos), mientras que la subida en los robos a viviendas alcanzó el 50% (360) y la violencia del género escaló otro preocupante 25% (de 725 casos a 906). En cuanto a los delitos sexuales –en los que las víctimas son eminentemente mujeres–, pasaron de 118 a 144 expedientes.
2022 fue el año en que los okupas llegaron a un barrio rico como Uleta, el de los navajazos en las noches de fiesta, las peleas multitudinarias de adolescentes a plena luz del día, la agresión sexual a una mujer cuando regresaba de una cena de empresa pocas horas después de la manifestación del 25-N, el robo a plena luz del día en el chalé del entonces albiazul Guidetti, el secuestro y violación de una mujer a manos de su ex durante una semana o el último gran incidente perpetrado por las juventudes de la izquierda abertzale y saldado con 34 detenidos en el Campus de Álava.
Pero también fue el curso del arresto al presunto responsable de los robos en decenas de garajes comunitarios, del hostelero que ocultaba en su cocina 300.000 euros envasados al vacío de su producción de metanfetamina o de los autores del último atraco a un banco en el término municipal.
El alza delictiva en Vitoria se asemeja al de las otras capitales vascas. En este sentido, un informe interno del departamento de Seguridad, dirigido por Josu Erkoreka, habla de que «si bien la tasa de criminalidad global ha sido la más alta de la serie, los delitos a través de internet han tenido una influencia notable en ese crecimiento». Las cuentas policiales evidencian que las estafas informáticas casi suponen una de cada cinco denuncias registradas. Se trata por desgracia de una práctica complicada de abortar ya que el timador suele ubicarse en otra comunidad autónoma, país e incluso continente.
No obstante, los sindicatos policiales consideran que se trata de una visión demasiado simplista. Desde Erne, mayoritario en la Ertzaintza, puntualizan que «está muy bien exponer los datos y detectar la problemática, pero lo que necesita la ciudadanía es una respuesta a ese incremento. Y en nuestra opinión, eso pasa por aumentar la inversión en seguridad pública (plantilla, material, formación). Tanto el alcalde como el lehendakari tienen que empezar a trabajar en mejorar la seguridad ciudadana».
Hace cinco años, la base de datos del Gobierno vasco registró un 15% menos de infracciones penales. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? El sindicato Esan aprecia «una falta de planificación significativa. Es una consecuencia de la falta de modelo, de estructura y de especialización. La Ertzaintza lleva años dirigiéndose bajo parámetros estadísticos maquillados, sin atender las necesidades delincuenciales de la sociedad vasca y con un trabajo orientado a la satisfacción estadística para sostener el discurso político del consejero de turno a preguntas de la oposición».
Euspel, tercera central en la Policía autonómica, añade que «aún estamos a tiempo de cambiar esta deriva y el primer paso es devolver la autoridad a la Policía. Dejar de cuestionar sus actuaciones desde el buenismo y la irrealidad. Si una sociedad quiere vivir segura debe dejar trabajar a quien la protege».
Cuando llegan las noches del fin de semana, la Policía Local reduce significativamente su presencia en las calles. A juicio de Sipla, la central mayoritaria en Aguirrelanda, ese es otro factor decisivo. «Hay más extensión que cubrir con menos patrulleros. Sería interesante que ofrezcan datos de cuántas denuncias se archivan por autoría desconocida. No podemos investigar lo necesario porque faltan medios humanos».
Un reciente informe interno de la Ertzaintza desvela que la actual tasa de resolución de delitos se quedó en un «35,75%» el ejercicio pasado. Ese guarismo representa casi dos puntos por debajo de la marca que se había autoimpuesto este cuerpo policial como objetivo a alcanzar en 2022. El Gabinete dirigido por Josu Erkoreka no suele hacer público ese dato. Como conclusión, el departamento se excusa en el fuerte impacto de la ciberdelincuencia. «Ha tenido una fuerte influencia dado que este tipología presenta bajas resoluciones», estima el documento confidencial al que ha tenido acceso EL CORREO.
Asimismo, en los delitos considerados «estratégicos» por el Gobierno vasco, «no se ha podido conseguir» la meta establecida en las agresiones sexuales –con un índice de resolución del 75%, nueve puntos menos de lo fijado–. Tampoco con los delitos graves contra la libertad sexual, 82%, cinco puntos por debajo de la marca esperada.
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