«Me daba chuches, tabaco y dinero por sexo», dice una menor tutelada de la Diputación de Álava víctima de abusos

En este segundo caso revisado por la Audiencia Provincial de Álava, los supuestos abusos a dos menores vulnerables y teóricamente protegidas por la administración foral se alargaron hasta otoño de 2017. Esta chica y otra amiga, entonces de 14 años y que ya declaró el primer día de sesiones orales, presuntamente mantuvieron contactos sexuales a manos de dos adultos, sin relación entre sí y que las triplicaban y cuadruplicaban en edad.

Esta segunda afectada estaba citada ayer en la segunda planta del Palacio de Justicia, donde se juzga a los dos sospechosos por abusos sexuales continuados e inducir a la prostitución. Pero como sucedió en la primera jornada, desarrollada hace trece días, tampoco se presentó. Ante esta nueva ausencia injustificada, los magistrados Poncela, Cabero y García Romo ordenaron visualizar la grabación de su declaración en la fase de investigación. En ese vídeo, grabado en el Juzgado de Instrucción número 2 en 2019, la menor repasa cómo los encausados las daban dinero cuando éstas se lo pedían, que recibían pequeños obsequios o que incluso la emborracharon una vez para acabar en la cama con un acusado. Sufrió también tocamientos.

De uno acotó que «sabía que estábamos en un centro de menores». Los supuestos encuentros sexuales se sucedieron en un piso de alquiler y en un coche. En ningún momento los adultos se relacionaron entre sí, sino que se trató de contactos paralelos. La relación con un encausado se inició en un bar de barrio. «Le pedíamos dinero y nos daba. Tomábamos algo con él».

Tras un episodio de abusos cada víctima recibió cien euros. Según la unidad de Valoración Forense «ellas tenían una falsa sensación de control, pero era una relación abusiva y asimétrica». De los adultos hacia las dos niñas, que por ahora no presentan secuelas.

Los sospechosos siempre han rechazado contacto sexual alguno. En sus testificales incluso se presentaron como benefactores. En este sentido, Roberto Gutiérrez y Juan María Rodríguez, sus abogados, rechazaron la propuesta de acuerdo de la Fiscalía de doce años de cárcel. Piden la absolución. Josu Izaguirre, del Ministerio Público, reclama 30 y 36 años. En diciembre se celebrará la última sesión oral de este proceso penal. Este caso entró en la senda judicial tras una operación de la Guardia Civil en una chabola ubicada en Treviño, donde algunas noches dormían menores tuteladas cuando se escapaban de los centros forales.