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Los pisos patera existen en la 'Green Capital'. En uno de ellos, una familia de cuatro miembros subsistió hacinada en una habitación de «siete-ocho metros cuadrados» durante casi tres meses. Un matrimonio de origen magrebí y sus hijos de 6 y 9 ... años. Esas cuatro paredes hacían de dormitorio, cocina, salón de estar, lavandería y cuarto de baño. Su mobiliario se reducía a un armario empotrado, un par de colchones apilados de día uno encima del otro para ganar espacio, un hornillo eléctrico con el que comer caliente y varios cubos customizados a modo de lavadora y fregadero.
Una realidad oculta en el barrio de Zaramaga que esta semana ha aflorado en el Palacio de Justicia. Esta familia, en la que ninguno de sus integrantes habla castellano, denunció por «estafa» y «coacciones» a su casera, una ciudadana nigeriana. Gracias a la mediación de una amiga, presuntamente le abonaron «1.000 euros al contado» por dejarles vivir con ella. Dos mensualidades y otras dos pagas de fianza: 250 cada mes. No firmaron contrato alguno. Una grabación de la negociación, que la defensa deberá entregar antes del miércoles al Juzgado de Instrucción 4, validará o no judicialmente su versión. La arrendadora está procesada por «dos delitos leves». Es decir, que en principio el asunto se solventará con una sanción económica.
Ante la jueza, el matrimonio narró que accedió a la casa «el 15 de junio» del año pasado. La pequeña habitación, «con derecho a baño y cocina», sería un parche temporal hasta liberarse otra estancia mayor, arrendada «a una mujer magrebí que se había ido a su país», atestiguó la casera, perceptora de ayudas sociales de Lanbide y, por lo que comentó, habituada a rentar cuartos de esta vivienda en la que vive de alquiler.
«No es ilegal siempre que cuente con el beneplácito del propietario y lo declare en Lanbide para restárselo de su nómina», ilustran fuentes internas del servicio vasco de empleo. El quid es que, al menos en esta ocasión, ni firmaron documento alguno -posible nuevo motivo de sanción para la casera- ni les incluyó en el padrón municipal, requisito básico para consolidarse en la vasta red de apoyo institucional.
Y ahí empezaron los problemas. Pasaban los días y la mudanza interna nunca llegaba. Todo se torció «cuando le exigimos un contrato e incluirnos en el padrón. Medio día nos dejó sin luz, nos cortó el gas otra quincena y no nos dejó usar la cocina. Asustaba a los niños. Nos gritaba día y noche para que nos fuéramos», enumeraron. Sin ningún otro sitio al que ir ni opción de recuperar la fianza, se enclaustraron en la habitación. «Dormíamos, cocinábamos y limpiábamos la ropa allí», relataron en la sala de vistas.
Negaba con la cabeza la encausada. Cuando llegó su turno, y ayudada por una traductora, dijo en inglés que «todo es mentira. Muchos vienen, piden padrón y se van a su país. Ni supe que estaban en la casa», soltó para minutos después contradecirse. «Me avisó de que vendrían (y dio el mismo nombre que la mujer citada por el matrimonio)». Muy vehemente en sus formas y discurso, admitió que «si cocináis en la habitación, ¿para qué queréis 'mi' gas?».
Antes, la pareja había contado que les amenazó con delatar su condición de «irregulares» a la Policía. «Yo también estoy igual, no lo haría nunca», se defendió ella.
A partir de agosto, entre la Ertzaintza y la Policía Local se sucedieron tres intervenciones por las grescas en el inmueble. En una, la mujer y su hijo pidieron ayuda a una vecina del piso de arriba. Ertzainas comprobaron «condiciones de higiene bastante penosas en la casa. La ahora demandada nos dijo que la pareja llevaba cuatro meses sin pagar y que por eso les quitó la luz». Sí constataron que en la habitación «hacían todo, necesidades, lavarse, cocinar, dormir...».
El 20 de agosto hubo una nueva llamada de ayuda. «Los niños tenían piojos y aun así no les dejaba usar el baño», matizó una agente local. Patrulleros de ambos cuerpos deslizan en este punto que «estas situaciones no son tan excepciones, las descubres en actuaciones por otros temas y siempre damos parte, por cierto».
A principios de septiembre, otra aparición policial más. «Había enseres tirados en la puerta. Ella (por la acusada) explicó que quería echarlos porque no le pagaban los 250 euros. Vimos la habitación, no tendría más de siete-ocho metros cuadrados. Vivían en condiciones infrahumanas, así que llamamos a los servicios sociales y nos dijeron que lo sentían pero que no tenían sitio», afirmaron agentes locales en la sala.
El día 9, una vecina les acompañó a Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Vitoria. Les facilitaron otro techo. «Esta mujer -por la denunciada- nos siguió un rato por la calle. Cuando volví a casa, me había puesto cosas de brujería en la puerta de entrada», desveló en la sala de vistas.
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