Cuatro condenados del 'caso Sansoheta' se benefician de la ley del 'sólo sí es sí'

El fallo de la Audiencia Provincial de Álava se anunció el 22 de diciembre, con unas penas totales de 79 años. Ahora se han revelado las 137 páginas del dictamen. Su letra pequeña desvela detalles fundamentales. Porque los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo explican en sus conclusiones cómo el derecho penal les obliga a aplicar «la ley más favorable a cada acusado». Cuatro de los nueve condenados saldrán beneficiados.

De esta forma, un par de clientes de los servicios sexuales que los menores ofrecían en una página de contactos reciben un global de diez años cuando, con la norma anterior, serían doce. El recorte de doce meses afecta a un penado con catorce años de cárcel y a otro al que le impusieron once.

La resolución de la Audiencia evidencia el galimatías provocado por el 'sólo sí es sí' en el poder judicial. Y es que, con el quinto sentenciado hacen una «excepción». Usan «la anterior regulación porque resulta más beneficiosa, puesto que de los delitos por los que se le condena las penas de prisión son las mismas», pero «no llevan aparejada la inhabilitación para la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento». En derecho penal hay obligación de elegir el castigo menos lesivo para el imputado.

De este embrollo quedan fuera los cuatro adultos que rubricaron una conformidad con la Fiscalía de Álava durante la primera jornada del juicio. Entre ellos, el que fuera psicólogo del Ayuntamiento de Vitoria y que conocía a alguna de las víctimas de haberla tratado en su niñez. Las vistas orales se desarrollaron entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre. La ley del 'sólo sí es sí' entró en vigor cuatro días más tarde.

Hay siete víctimas, seis chicos una chica. Tenían entre 13 y 17 años. «Nos conocíamos de haber coincidido en Sansoheta», aseguran varios de ellos a EL CORREO. Por su parte, la Diputación de Álava defiende que sólo «dos» se hallaban bajo su tutela. En la actualidad todos estos jóvenes han alcanzado la mayoría de edad. Al menos tres residen fuera del País Vasco.

Durante las vistas orales quedó probado que estos adolescentes se anunciaban en una web de contactos. No eran conscientes de que adultos sin escrúpulos abusaban de ellos. Hubo un par de denuncias -5 y 7 de abril de 2016- al descubrir la madre de la principal víctima varios mensajes comprometedores en su móvil. Como se fugó, las pesquisas de la Policía Local y la Ertzaintza no prosperaron. El 4 de mayo de ese año, «tres responsables del Área del Menor y Familia de Diputación» se reunieron con agentes locales para «recabar datos sobre lo investigado». Pasaron seis meses hasta que este periódico destapara el caso.

Durante su declaración, el entonces director de Sansoheta -ahora cerrado- admitió que tras la primera denuncia pusieron «talleres de educación sexual y habilidades sociales» a los adolescentes. Entre julio y agosto, añadió este antiguo responsable, detectaron que los chicos implicados manejaban «algunos bienes que no se correspondían con las pagas que recibían». En aquella época les daban «11,5 euros a la semana». Y sin embargo poseían «móviles de alta gama y ropa cara», remarcan las diligencias.

Hoy vence el plazo para que las defensas de los cinco condenados que no se conformaron presenten sus recursos al Tribunal Superior Justicia del País Vasco (TSJPV). Y se espera que lo hagan todas. De esta forma, mientras este órgano decide seguirán en libertad con cargos.