Falsa acusación

El «criminal» al que el Gobierno de Nicolás Maduro busca en Vitoria

En una retransmisión a todo el país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez –conocida por su enigmático aterrizaje en Barajas, pese a no poder pisar suelo europeo– dio cuenta del operativo. Diseccionó el armamento incautado –armas largas, lanzacohetes, 24.000 balas, drones...– y dio la lista de dirigentes del grupo mafioso. Todos, subrayó, pistoleros «a sueldo de 'el Koki'», quien escapó de la balacera. En el número 17 del organigrama figuraba Alejandro.

Este fortachón de 35 años reside en Vitoria desde hace un par de veranos. Tras sacarse un título de soldador en Lanbide, opera en una firma alavesa. «Me empadroné al poco de llegar. Si fuera un delincuente peligroso no hubiera dado mis datos reales». Esa franqueza facilitó su localización cuando Venezuela solicitó formalmente a España su «extradición activa». El 14 de noviembre del año pasado, policías nacionales acudieron a su fábrica y le bajaron a Madrid. A la Audiencia Nacional. Los medios de comunicación chavistas lo vendieron como la guinda en la desarticulación de la banda de 'El Koki'. Pero a las 24 horas quedó en libertad, a la espera del dictamen de este órgano.

Acudió a un bufete especializado –Chabaneix Abogados– debido a que los cargos incluían «secuestro agravado, extorsión agravada, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo y asociación». Según el Código Penal venezolano, se exponía a una condena de 64 a 85 años de prisión.

Hace unos días, la Audiencia Nacional se pronunció tras estudiar las pruebas presentadas por los letrados de Alejandro. Oficialmente denegó la petición del gobieno chavista porque su auto «no contiene un relato concreto de los hechos» y «al desconocerse cuáles son los hechos que se atribuyen al reclamado, no puede accederse a la extradición». En la petición del Tribunal Supremo venezolano –49 folios– no se especifica qué hizo. Eso sí, le emparentan con una cuadrilla que parece sacada de la serie 'Narcos': 'El vampi', 'El balón', 'El gocho', 'El burro' o 'La barbie'.

Ya liberado de esa amenaza, Alejandro acepta contar su historia y la razón de su inclusión en esa lista negra. «Nací, me crié y viví en Cota 905. Todos conocíamos al 'Koki' (abatido en febrero de 2022). Jamás estuve en su banda, él siempre fue 'malandro' (delincuente). Unió a las bandas y desde el gobierno de Maduro le dieron la potestad de controlar el barrio. La Policía no ingresaba allí (las llamadas zonas de paz)», recapitula este «antichavista convencido».

Él trabajaba de policía local. «Tuve problemas con ellos (la banda de 'El Koki') y en 2014 renuncié a mi trabajo. Estudié y logré una plaza en los juzgados como asistente». Un día le pidieron que intercediera ante su juez para salvar a un miembro del grupo. «Querían pagarle. No pude darles una buena respuesta sobre ese detenido y...».

Y el 14 de noviembre de 2020 «vinieron a mi casa y dispararon. Estaba con mi primo. Recibió 24 balazos. A mi me dieron en el brazo izquierdo. Escapé por una ventana trasera». En la caída sufrió nuevas lesiones. Tras permanecer un tiempo escondido, denunció sin éxito. «Era el mismo juez para el que trabajé. En su oficina me dijeron que lo mejor es que me fuera». En diciembre de ese año pasó a Colombia. Luego Bolivia y Chile, donde le pilló el segundo confinamiento. Curiosamente, dice, la petición de extradición la inició ese mismo magistrado. «Fue su venganza personal. Menos mal que presentamos a la Audiencia Nacional los sellos de las entradas y salidas».

Cuando la humilde barriada de Cota 905 se convirtió en zona de guerra entre el 5 y el 11 de julio de 2021, él se estaba vacunando en Chile, a 6.000 kilómetros de distancia. También andaba ultimando su viaje a España. «Contacté con una antigua amiga que vive en Vitoria. Y el 21 de julio di el paso de venirme. No me arrepiento».