El crimen de Esther Areitio queda impune

Este martes, en apenas 48 horas, el asesino o asesinos de Esther Areitio regatearán para siempre cualquier opción de condena. Ese día se cumplirán veinte años exactos del salvaje crimen de la profesora de inglés, cuyo cuerpo apareció descuartizado. Archivado desde noviembre de 2004, este enigmático caso prescribirá. Según el actual Código Penal, sólo un milagro, en modo de improbable chivatazo que arroje algo de luz sobre uno de los episodios más descarnados de la historia negra alavesa, podría reactivarlo sobre la bocina.

Por los precedentes, ni una pista nueva desde el siglo pasado, todo apunta a que no será así. Quedará impune este asesinato, que conmocionó a una Vitoria entonces sumergida en una inédita ola de crímenes. Nadie ha 'cantado' en estos años. Ni el principal sospechoso, Koldo Larrañaga, condenado por los asesinatos del empresario de tragaperras Agustín Ruiz y de la abogada Begoña Rubio, y en libertad desde julio del año pasado por una enfermedad incurable. Ni tampoco el que fuera su socio, el empresario Enrique P., ni su hijo. Ambos figuraron en la exigua lista manejada por la Ertzaintza y por la Fiscalía alavesa como posibles coautores. Sus sospechas jamás pasaron a un plano más consistente.

Todo alrededor de este episodio son incógnitas. No parece claro ni el móvil. La víctima era una profesora de inglés, viuda, sin hijos, culta, bien considerada, sin enemigos conocidos y con una vida normal tras sortear una depresión. Sorprendió a los investigadores la exquisita limpieza del escenario del crimen, su piso de alquiler en Aranbizkarra. No se encontró ni una huella dactilar. Sólo algunos cabellos y un cuchillo en la cisterna del baño. También chirrió el sospechoso uso de sus tarjetas de crédito por parte de un joven con el rostro cubierto por una capucha para sacar 172.000 pesetas (1.033 euros) horas antes de que se descubriera el cuerpo. ¿Fue un robo que se les fue de las manos a los ladrones? ¿Un encargo? ¿Venganza? Nada cuadra.

Los veteranos de la Ertzaintza recuerdan aquel 8 de mayo con nitidez. «¿Cómo se nos va a olvidar? Al empezar el turno ocurrió lo de Esther Areitio y al acabarlo, el asesinato de Alfonso Parada por parte de pistoleros de ETA, y a sólo cien metros de la comisaría», aseveran. Aquella fría mañana, empleados de Cespa, vaciaban los contenedores de la calle Burgos, a la altura del piso de la profesora, quien residía en el número 3 de José Pablo de Ulíbarri. Se sorprendieron con el inusual peso de una de las bolsas depositadas.

En un primer momento pensaron que podría corresponder a «un animal muerto». Avisaron por radio a su capataz, que les ordenó continuar con la ruta y abrirla en Gardelegi. En el siguiente contenedor hubo un nuevo hallazgo sospechoso. Una bolsa de deporte de color azul, abierta y con restos aparentemente de sangre. En su interior se veía un bolso de mujer, un cuchillo, una toalla y un recogedor de plástico ensangrentados. Llamada a la Ertzaintza.

Un coche patrulla les escoltó hasta el vertedero. Agentes especializados abrieron varias bolsas y encontraron los restos de una mujer. «Se acordonó Gardelegi, todos los contenedores de la ruta del camión y, al identificarla, su casa. La práctica totalidad de los efectivos en Vitoria se destinó a intentar esclarecer aquella salvajada», explica uno de esos ertzainas. Sin embargo, sobre las 13.45 horas, cuando su turno expiraba, ETA entró en escena. Mató a tiros al subteniente de la Guardia Civil Alfonso Parada. «Hubo que desdoblar a los efectivos. A la calle Juntas Generales, donde ocurrió el atentado, bajó hasta el 'irrati' (el encargado de la emisora interna)». Aquello entorpeció una investigación ya de por sí compleja. A partir de ahí, el trabajo policial en el caso Areitio no remontaría. «Y las primeras horas son fundamentales para resolver». El de Parada sí se aclaró. Su verdugo, Igor Martínez de Osaba, continúa en prisión.

El fiscal jefe en aquella época y ahora destinado en el Tribunal Supremo, Alfonso Aya, asume que «fuimos a ciegas». Rememora que entre las pertenencias había una encuesta parcialmente rellenada. «Coincidía al 60% con el hijo de Enrique P., pero no se profundizó en esa línea», interviene Javier Villarrubia, abogado de la familia, conocida en la capital alavesa por tener en su momento una empresa dedicada a la fabricación de cremalleras.

«No se llegó a nada por esa línea», se defiende Aya, que remarca que «mi impresión después de tantos años es que intervinieron varias personas, un 'modus operandi' que no corresponde a Koldo Larrañaga». Por su parte, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, le llegó a calificar de «sicario». En un interrogatorio, Koldo, asesino de Agustín Ruiz y Begoña Rubio y que vivió en el mismo bloque que Areitio, dijo que «yo no lo hice». Pero no que no estuviera allí o que supiera algo. Nunca más se pronunció al respecto. Al menos de manera pública o que llegara a oídos de la Justicia.

Salvo esas dos vías, lo demás fueron palos de ciego. A todos los niveles. Un botón. Por la precisión de los cortes se habló de «un carnicero, matarife o traumatólogo». En 1999, tras la detención en Madrid de un Larrañaga acusado de matar a Ruiz y Rubio, el entonces consejero de Interior, Javier Balza aseguró en una comparecencia pública que existían «fundadas sospechas» de su conexión con este crimen y con el del cordelero Acacio Pereira, asesinado el 9 de junio de 1998. De nuevo fue un tiro errado. «El problema es que aquí hay una familia que desconoce por qué la mataron. Me queda muy mal sabor de boca porque le destrozaron la vida a ella y a su familia», abunda serio Villarrubia.

Esther contaba con seis hermanos. En febrero de 2002, casi cuatro años después del asesinato, Begoña, la mayor de la familia, criticó la «inacción» de jueces y policías. «El día del crimen tuvimos que enterarnos por la prensa y esa tónica se ha mantenido. Jamás nos han llamado para darnos explicaciones. Hemos tenido que pedirlas. Los asesinos están tan tranquilos», censuró ante la falta de avances. Balza les recibió en un encuentro más mediático que productivo. «Unas palmaditas en la espalda y adiós», dijo la familia.

El expediente deambuló por el Palacio de Justicia. Del Juzgado de Instrucción número 1 a la Audiencia Provincial de Álava, que lo archivó en noviembre de 2004 por la inexistencia de «datos inculpatorios» hacia el principal sospechoso, Larrañaga. En el tramo inicial del caso, Antón Careaga llevó los intereses de la familia. Hoy lanza un ruego. «Quedan dos días, que quien sepa algo lo diga y ayude a la familia».