La construcción de VPO sólo crece en Álava y registra su peor dato en Euskadi desde 2018

La baja productividad que arrastra Euskadi en pisos libre (un 25% menos) y protegida dificulta los planes del Gobierno de sacar 7.000 alquileres sociales al mercado en cuatro años. Según las estadísticas del Observatorio vasco de la Vivienda, desde 1990 se han construido en Euskadi 84.664 VPO, una cifra que fuentes del Departamento elevan hasta 87.343. Por cada tres casas libres se levanta una social. Los mejores resultados se obtuvieron entre 2010 y 2011, con cerca de 11.000 pisos. Después comenzó una progresiva ralentización en lo que a vivienda pública se refiere. En vivienda libre, la tendencia de Álava es también inversa. Es la única provincia que sufre un descenso en pisos iniciados (de 862 a 393, más del 50%), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa crecen. En las viviendas finalizadas, eso sí, la bajada es generalizada.

¿Pero por qué se edifica tan poco? Carlos Fernández de Nograro, representante de la Unión de Empresarios de la Construcción de Álava (SEA-UNECA), considera que la subida experimentada en VPO en Álava se debe a los avances que se han dado en algunas promociones de iniciativa pública con un alto número de viviendas que estaban enquistadas. Por ejemplo, las 960 que se han desbloqueado en Salburua, algunas de ellas prácticamente construidas y otras a punto de entregarse. Pero la «tendencia lógica» es la que se ha producido en Gipuzkoa y Bizkaia en el último año. Se debe a la «falta de rentabilidad» que ofrece ahora el mercado de pisos de protección, en especial el del alquiler, por la subida de los costes de los materiales y la falta de mano de obra. «No se puede hacer algo en lo que pierdes dinero». Esto conduce, según los expertos, a que las vías de construcción de vivienda de este tipo se reduzcan prácticamente a los proyectos del Gobierno vasco, al ejecutarse «contra presupuesto» y con necesidad de obtener sólo beneficios sociales.

En relación a los costes de VPO, Fernández de Nograro destaca que el Ejecutivo «actualizó el precio del metro cuadrado construido poco antes de que estallara la guerra de Ucrania, que se comió esa subida» al disparar los materiales. Ahora cree que es el momento de volver a «analizar los precios con los datos en la mano» para impulsar de nuevo la vivienda pública. Y, en caso de que esas cuantías no se puedan cambiar, apuesta por buscar alguna bonificación fiscal, como «podría ser a través del IVA». En cualquier caso, cree que la salida debe llegar a través del «diálogo con el Gobierno vasco», con el que ya han tenido un primer contacto en el recién iniciado mandato.

La solución para la promoción privada tampoco parece sencilla. «Vitoria está algo atascada» en comparación con municipios de Bizkaia y Gipuzkoa donde «los precios son más caros y siguen funcionando», afirma Fernández de Nograro. A pesar de que la población crezca, el promotor considera que la capital alavesa necesita un perfil concreto de actividad económica. «Hace falta industria mediana, de 100 o 150 trabajadores», subraya.

En los últimos diez años se han levantado una media de 1.166 VPO al año, mientras que en la década anterior la cifra alcanzaba las 4.350. Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos del Departamento de Vivienda, cree que los datos responden al «encarecimiento de los costes de producción por la guerra de Ucrania» y a la falta de «mano de obra cualificada» en un sector «en constante transformación».

Con 11.816 solicitantes de alquiler protegido en Álava (más de 94.000 personas inscritas en Etxebide en Euskadi), la vivienda se ha convertido en uno de los «ejes estratégicos» de la legislatura. Desde que el Gobierno vasco aumentó en octubre el tope de ingresos máximos que se requieren para acceder a una VPO -43.753 euros al año para un alquiler social y 56.094 para una vivienda en propiedad- el número de solicitantes aumentó en 4.000 más.

El problema es grave. Tanto, que el propio lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero Denis Itxaso han pedido «solidaridad» a los agentes públicos y privados que forman el Pacto Social por la Vivienda para afrontar la situación. También reclamaron ajustar la fiscalidad para facilitar la emancipación de los jóvenes. La propuesta de Itxaso se centra en construir inmuebles, pero también en comprar pisos en el mercado libre y movilizar la vivienda vacía. Un reto mayúsculo que según los expertos «ayudará bastante», pero que no llegará a satisfacer ni el 8% de la demanda. Además, en los últimos ocho años, la tendencia ha sido producir unas 4.300 VPO por legislatura, lo que supondría tener que sacar al mercado otros 2.700 pisos por otra vía.

Iñigo Viar, arquitecto y director del máster sobre Vivienda Pública de la EHU/UPV, piensa que «la cifra es asumible», aunque se necesitará «construir más» para revertir el escenario. El Gobierno estimó que Euskadi requeriría cerca de 103.000 inmuebles para acabar con el problema. «La vivienda no es un producto prefabricado y sus procesos de edificación sufren picos. Pero es más complicado obtener suelo que construir», apunta Viar. A lo que se refiere el experto es que los cambios en el planeamiento urbano llevan «años de trabajo».

Para Garbiñe Henry, directora de Innovación y Emprendimiento de Deusto, la fórmula pasa por «innovar en lo que ya existe», aunque eso requiera «un cambio cultural». Henry cree que es vital «fomentar que distintas generaciones compartan piso, impulsar hogares más pequeños para favorecer la emancipación o rehabilitar el parque residencial actual».