El Constitucional avala la extradición a Marruecos de un vecino de Vitoria

Este hombre conocido como Samir H. está acusado por el «fiscal general del rey de Marruecos» de falsificar documentos necesarios para la obtención de visados para personas que quieren emigrar a España y Francia. «Ello en contrapartida de importes de dinero que oscilan entre 3.000 y 5.000 dirhams -el equivalente a 277 y 462 euros, respectivamente- por cada operación», se detalla en la sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO.

Quien le delató fue su propio hermano (Yassine) cuando fue sorprendido en Nador -provincia que limita con Melilla- con papeles que tenían sellos y firmas falsificadas, además de que las fechas no correspondían entre el calendario occidental e islámico. En su ordenador personal y teléfono móvil también disponía de archivos listos para repetir este fraude con programas como Photoshop.

«Samir se encargaba de buscar las personas que quieren visados y el declarante (Yassine) se ocupaba de preparar documentos bancarios, tales como atestados de trabajo o de matrícula en la caja social, extractos bancarios», se detalla en las diez páginas del intérprete supremo de la Carta Magna.

Por estos delitos de falsificación de documentos oficiales, el Ministerio Público alauí presentó a principios de 2020 una orden de detención internacional. Samir fue localizado en Vitoria, donde fue detenido el 17 de mayo. Pese a que el mismo día -cuando aún se mantenía el confinamiento por la pandemia del covid- se acordó su libertad provisional, a partir de entonces se inició un procedimiento de extradición que fue respaldado por la Sala Tercera de lo Penal y más tarde, por el Pleno de la Sala de la Audiencia Nacional.

Los abogados de este antiguo residente de la capital alavesa en todo momento han alegado que el fiscal no es una autoridad judicial y que, por lo tanto, no correspondería el cumplimiento de este convenio bilateral entre los 'vecinos' de ambas orillas del Estrecho. Una argumentación que el Constitucional rechaza. «La misión de los tribunales españoles se ha de limitar a depurar aquellas solicitudes de extradición que presenten indicios de falta de proporcionalidad o de fundamento, mediante el examen en concreto de las alegaciones y documentos aportados por la persona reclamada, las autoridades requerientes o de aquellos otros que el tribunal español pueda solicitar como complemento de los anteriores», recuerda la sentencia del TC.

A medida que la defensa comprobaba que el procedimiento iba quemando etapas y subiendo escalones, sus abogados alegaron una supuesta persecución política en su país de origen. El Tribunal es contundente en esta cuestión e incluso le dedica un punto aparte. «El razonamiento adolece de tal vaguedad que impide a este tribunal entrar en el análisis de la alegada vulneración», critica la sentencia que está suscrita por los magistrados Inmaculada Montalbán Huertas, María Luisa Balaguer Callejón, Enrique Arnaldo Alcubilla, César Tolosa Tribiño y Laura Díez Bueso.