El conflicto de Uleta resurge con una condena al Ayuntamiento por paralizar un trámite

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, reconoce a los propuetarios «el derecho a haber tenido» la aprobación del proyecto de reparcelación, de modo que condena ahora al Ayuntamiento a «tramitar y dictar resolución expresa»·de los documentos necesarios para inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Los trámites urbanísticos, además, se realizan de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana vigente en 2010; es decir, el mismo que el actual. Hay que recordar que la revisión documento, aprobada de forma inicial, convierte los terrenos urbanizables en rústicos, lo que despertó el actual enfrentamiento.

El trámite en cuestión no repercute de forma directa en el propio proyecto, ya que es un paso posterior a su aprobación definitiva, que se produjo en 2009. De hecho, aunque de forma general se realiza en paralelo a los trabajos de urbanización, puede hacerse de forma posterior, con las calles ya construidas. Pero sí es necesario para inscribirlo en el Registro.

No obstante, las versiones del Ayuntamiento y los propietarios difieren sobre el impacto de esta nueva sentencia, fechada el pasado 30 de marzo. Los dueños creen que devuelve la vigencia al plan urbanístico y a la construcción de los 294 chalés, ya que es ahora cuando se aprueba la reparcelación. El Consistorio, por su lado, lo niega. «La sentencia no tiene que ver con las posibilidades pasadas de urbanización, ni posibles indemnizaciones (los promotores las fijan en 32 millones de euros)», apuntan fuentes municipales.

La Administración reconoce que el plan lleva 14 años aprobado, y que los propietarios «podían haber construido» en los terrenos hasta el 2022, cuando suspendió las licencias. Pero los dueños también discrepan en este punto, al alegar que el proyecto ya reconoce los derechos de urbanización, sin necesidad de licencia. Además, tal y como ha podido confirmar este periódico, los propietarios presentaron este martes una demanda contra esta medida.

Los nuevos acontecimientos, por tanto, amenazan con recrudecer el pulso entre los propietarios y el Ayuntamiento. Los promotores ven en la sentencia un espaldarazo de cara al resto de procesos abiertos por esta cuestión. Se trata de una demanda contra la paralización de la obra de una parte de la Ronda Sur, junto a la residencia Etxebidea, y al desarrollo del plan completo con la construcción de los chalés, que se paralizó poco después. Además, los propietarios presentaron una demanda por el «borrado intencionado» del expediente de las obras en la plataforma de contratación del Gobierno vasco.