Álava ya cuenta con una licencia 'tipo Uber' por cada dos taxis

Como ha relatado el diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, el socialista Javier Hurtado, en las Juntas Generales, esa 'avalancha' pudo ser aún mayor porque la ambigüedad legal provocó un «aluvión de solicitudes» y cambió completamente el panorama. Se pasó de 28 autorizaciones repartidas a cinco empresas a 138 para trece. Pero la Administración foral alavesa en coordinación con Bizkaia y Gipuzkoa decidió denegarlas y el asunto se judicializó, lo que ha desembocado en varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Supremo que han deparado el escenario vigente de 109 licencias por 243 taxis tradicionales en la provincia. Datos que rompen por completo la proporcionalidad de una autorización de VTC por cada treinta taxis.

Ahora, el miedo que existe para grupos como Podemos -que solicitó la comparecencia de Hurtado en el legislativo alavés- es el desembarco de las multinacionales que ya han hecho acto de presencia en Bilbao tras adquirir las licencias de VTC que se habían concedido a las empresas que prestaban el servicio de transporte de lujo. En Álava, de momento, no hay constancia oficial de que estas multinacionales quieran prestar servicio.

«Somos conscientes del elevado número de licencias y la desazón que provocan en el sector del taxi», reconoció Javier Hurtado. «La realidad es que las competencias son las que son y si estas nuevas compañías (en referencia a Uber y Cabify) llegan a acuerdos con las empresas que poseen licencia VTC podrán actuar mientras cumplan la normativa», avanzó el diputado socialista, que comentó cómo pueden prestar servicios en suelo alavés aquellos con autorización en el resto de provincias del País Vasco.

Por eso, el diputado de Movilidad Viaria e Infraestructuras instó a que el Gobierno vasco publique «cuanto antes» el decreto que fijará el reparto competencial que servirá para «contar con herramientas para evitar desequilibrios». Una medida que, según anunción la consejera Arantxa Tapia, se dará a conocer antes de que termine el año y-entre los detalles que ya se conocen- obligará a que sus servicios se contraten con treinta minutos de antelación, no cuenten con geolocalizadores, no puedan rondar en busca de clientes y se centren en el transporte interurbano.