Condenan al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 90.000 euros por la prima de jubilación de un expolicía local

El motivo sobre el que se sustenta la sentencia, de 18 páginas, es que el demandante envió en enero de 2020 su doble petición de jubilación anticipada y de percibir la prima. Es decir, cuatro meses antes de que el Consistorio aprobara el acuerdo regulador que dejaba sin efecto esas retribuciones para el futuro. Esto implica, según el fallo, que al antiguo trabajador municipal había que aplicarle la normativa anterior.

El Consistorio defiende que a fecha 2 de enero, el entonces policía local tenía «una expectativa, no un derecho», al menos hasta el 1 de noviembre. Sin embargo, la sentencia desmonta los argumentos del Consistorio, porque los trabajadores deben avisar de la intención de atenerse a la jubilación voluntaria «al menos tres meses antes».

Esto implica que tres meses después de formularse la petición (en abril), el Ayuntamiento aún no había llevado a cabo el cambio en la regulación, que fue rechazado por los sindicatos de la Policía Local durante la fase más dura de la pandemia. «Cuando se entiende desestimada la solicitud por silencio, aún no se había dictado el acuerdo, que es el motivo esencial que se expone en la resolución del 28 de septiembre para desestimar de forma expresa la solicitud del pago de la prima», detalla la magistrada.

La sentencia, que según el despacho de abogados de Miguel Durán (encargado de la acusación particular), «abre la puerta para que los funcionarios jubilados puedan reclamar esta prima», también da un tirón de orejas al Ayuntamiento en la falta de claridad en la redacción del cambio normativo. Precisamente, la magistrada señala una cláusula para los casos que necesitaban una regulación transitoria, como era el del exagente de la Policía Local. En este sentido, asegura que «su redacción deja mucho que desear, pues resulta imprecisa y contradictoria».

Es más, llega a decir que el contenido de la cláusula «tiene difícil encaje legal», porque de su lectura se podía interpretar que el Consistorio era quien concedía o denegaba el derecho a la jubilación, algo «contrario a la Ley General de Seguridad Social».

El Consistorio, por su lado, basará su recurso en una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2022, que según fuentes municipales señala que «no es posible abonar primas de jubilación».