Condenan al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 137.000 euros al exjefe de protocolo por despido improcedente

El último fallo judicial data del 17 de febrero y declara nulo su despido. Pero también invalida, y reprocha, la maniobra municipal para intentar readmitir a Alberdi poco antes de conocerse el dictamen, que se esperaba favorable al demandante. Pero hay que ir por partes para entender mejor esta sentencia.

En 2017, tras diecisiete años en el cargo, Alberdi ya fue despedido por el Gabinete Urtaran. No era funcionario de carrera, sino trabajador indefinido no fijo. Hasta dos juzgados –Social número 4 y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)– obligaron a su reincorporación.

Este experto en buenas maneras lideró el protocolo en la Casa Consistorial a las órdenes de Alfonso Alonso (PP), Patxi Lazcoz (PSE), Javier Maroto y Gorka Urtaran (PNV). Con este último llegaron las desavenencias, solventadas ahora con el abono de 137.000 euros que deberán salir de las arcas municipales.

En el verano del año pasado, Alberdi recibió una comunicación oficial, rubricada por el concejal de Recursos Humanos, Iñaki Gurtibai (PNV), en que se le informó de su cese bajo la excusa de una convocatoria para sustituirle. «No recibió cantidad alguna en concepto de indemnización», remarca la resolución de Social número 3, contra la que cabía «recurso de suplicación».

Antes de este pronunciamiento, el Gabinete Urtaran ofreció la readmisión al demandante o, en su defecto, una indemnización monetaria. Para el juez Ignacio Sánchez «lo hace anticipándose así a la opción que le correspondería en caso de que la sentencia declarase la improcedencia del despido». En otro párrafo, el titular de Social 3 recuerda que «se comunicó la extinción del contrato de trabajo por razón de una cobertura de vacante que, en realidad, no se ha producido, tal y como evidencia la resolución de readmisión posterior».

Abunda la sentencia en este punto clave. «Con ello, la administración demandada (en referencia al Ayuntamiento de Vitoria) incurrió en una suerte de acto propio determinante de la improcedencia de la extinción contractual operada y cuya razón de ser no ha sido aclarada», concluye el juez Sánchez. También insiste en que «no se ha acreditado ninguna circunstancia para valorar el retraso en lo que debió ser el puntual abono de la nómina».

El juez Sánchez condena al Ayuntamiento a abonar a Alberdi 126.463,18 euros «en concepto de indemnización por despido» y de otros 10.948,59 euros por «salarios más el 10% desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 17 de febrero de 2021». En ambos se aplicarán «los intereses legales correspondientes».

Preguntado por este revés, el Gabinete Urtaran eludió ayer, lunes, dar explicaciones a este medio de comunicación y prometió ofrecerlas «en la comisión de Recursos Sociales del jueves».