6 años de cárcel para el directivo que se gastó en casas los 4 millones de euros que robó a su empresa

Según el fallo de la magistrada Elena Cabero, al que ha tenido acceso EL CORREO, este ejecutivo cometió «un delito continuado de apropiación indebida». Le condena a seis años de cárcel. También le impone una multa de 10.800 euros. Y lo más importante, le ordena la devolución de los 3.900.676,52 euros birlados. Para aumentar las posibilidades del reintegro monetario incluye a su mujer como «partícipe a título lucrativo».

La investigación judicial destapó que el ahora sentenciado invirtió buena parte de ese dinero en «aumentar de forma exponencial su patrimonio inmobiliario y en realizar gastos suntuosos innecesarios con sus tarjetas personales, bastante por encima de sus posibilidades». Junto a su esposa poseen cinco viviendas en las mejores zonas de Vitoria, otra a 300 metros de la playa donostiarra de La Concha y una séptima en la localidad tarraconense de Cambrils. Su sueldo anual ascendía a «200.000 euros».

Durante el juicio, celebrado a mediados de diciembre, este exdirectivo alegó que se embolsó el dinero para compensar sus «horas extras». Pero, según los testimonios escuchados en la sala, jamás «las solicitó ni se las autorizaron». Y es por ello que la resolución judicial considera probado que «los cobros no se correspondían con el pago de horas extraordinarias». En la sentencia, de 85 páginas, la magistrada advierte de que su comportamiento «va más allá de una mera gestión desleal».

«Ha quedado constatado que fue haciendo suyas grandes cantidades de dinero y con una intencionalidad de lucro a tenor de la ocultación, la forma de girar los cheques con cantidades distintas y de modo no periódico, así como teniendo en cuenta la forma de contabilizar estas operaciones ocultando su acción incluso a sus subordinados dentro del departamento financiero», razona la jueza Cabero, conocida por elaborar la sentencia del 'caso De Miguel', la trama de corrupción del PNV alavés.

No se libra de las consecuencias legales la mujer del exejecutivo, que fue despedido a finales de 2017 cuando descubrieron el desfalco. El fallo reconoce que su compañera «tiene responsabilidad civil, no penal». Es decir, ahora deberá contribuir a devolver el dinero robado, aunque la libra del mal trago añadido de pasar por la cárcel. «El patrimonio inmobiliario se financió con el dinero (apropiado) en beneficio de la sociedad ganancial en la que ella participaba. Por ello debe responder». Contra este dictamen cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.