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La última huelga general en el País Vasco prendió hace casi tres años, el 30 de enero de 2020. Hubo piquetes, marchas de protesta y una minoría encapuchada la emprendió a golpes contra el Corte Inglés y un salón de juegos. La Policía Nacional abrió ... acta tras recopilar en redes sociales imágenes de los incidentes, mientras que Ertzaintza y Policía Local pasaron de puntillas pese a identificar aquella jornada a varios sospechosos. Esas indagaciones han desembocado en la condena por «desórdenes públicos» para dos participantes en los disturbios, pese a actuar con los rostros semicubiertos.
Se trata de dos de los cuatro jóvenes que hace tres semanas declararon como acusados en el Juzgado de lo Penal número 2. A diferencia de otros procesos penales similares, en esta ocasión el magistrado Roberto Ramos -el instructor del 'caso De Miguel', la trama de corrupción del PNV alavés- considera «acreditada» su participación por unas fotografías en la que se ve a unos desconocidos encapuchados, pero cuyas siluetas coinciden exactamente con estos procesados.
En alguna imagen se les aprecia parte del rostro. Además, el ojo clínico de los investigadores –que les conocían por altercados anteriores– y la ausencia de testigos que corroborasen una versión exculpatoria también han resultado determinantes en su dictamen, contra el que cabe recurso.
Ambos admitieron participar en la manifestación, pero negaron haber atacado mobiliario alguno. Sin embargo, entiende la sala, «carecen de toda prueba (fundamentalmente testifical) que las avale. (...) A pesar de que se les acusa de un delito de cierta importancia, de forma un tanto sorprendente no se ha propuesto por las defensas ninguna prueba exculpatoria. Lo cual era relativamente fácil y para nada complicado de conseguir», insiste el magistrado. Hubiera bastado con citar a alguno de sus acompañantes aquel día.
A un condenado, adscrito a Ernai, las juventudes de Sortu, lo distingue por su «nariz aguileña muy característica». Añade el magistrado que «tuvo la precaucion, o más bien picardía, perfectamente comprensible, de acudir a la vista oral sin la barba que se ve en las fotos».
Agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional les señalaron en el juicio. Uno pega una patada a la puerta de los grandes almacenes y otro prende un petardo. «Tenían la clara intención de alterar la paz pública, tratándose de un grupo de personas que actuaban conjuntamente y entre los que estaban los dos». Aparte de los dos jóvenes absueltos –uno conocido de todas las fuerzas de seguridad por su presunta participación en la paliza al joven estudiante del Campus de Álava en 2018–, también se obtuvieron imágenes de otros ocho alborotadores. No se les pudo poner nombre ni cara.
La sentencia en ningún caso implicará el ingreso en prisión al carecer ambos de antecedentes penales. Aparte de que este dictamen no es firme y puede ser recurrido.
En su resolución, el juez Ramos da un tirón de orejas a la abogada del joven de Ernai. En la vista oral, esta letrada acusó a la Policía Nacional de pergeñar una persecución política y de no contar con competencias en el País Vasco. «No hay indicio alguno de selección espuria del material gráfico. Si la defensa sostiene que las fotografías no son fiables debería explicar por qué», les recuerda el magistrado de la sala.
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