Qué ha sido de cada uno de los condenados por el 'caso De Miguel'

Esta es la situación de cada uno de los condenados por el caso de corrupción más grave de Euskadi.

Como Alfredo De Miguel, Ochandiano ha exprimido hasta el último aliento sus opciones legales de retrasar su paso por prisión. Su última excusa ha sido un informe médico que certifica un proceso ansioso depresivo. No ha sido tenido en cuenta por la Audiencia Provincial de Álava y entró en la cárcel ayer.

Este excontable del Parque Tecnológico de Álava –permaneció varias semanas en su puesto tras la sentencia definitiva del Supremo en enero– y exburukide se encargaba de la ingeniería financiera de la trama. Según prueban numerosos correos electrónicos exhibidos durante el juicio desarrollado en la Audiencia Provincial de Álava, daba «instrucciones» a seguir por los otros implicados.

Un botón. En el registro de su camarote se encontró documentación escrita a mano donde se indicaban las maniobras en las distintas sociedades creadas para cobrar comisiones y lucrarse de manera ilícita. Esta prueba intentó ser anulada por su abogado, sin éxito. Y «por ella» fue condenado a un global de 7 años de cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Al igual que sucede con su amigo De Miguel, sólo una de sus numerosas condenas alcanzaba los dos años y un día de cárcel. Se trata del cargo de asociación ilícita. En su caso ascendía a dos años y tres meses. Tanto la Audiencia Provincial de Álava como el Tribunal Supremo le han aplicado la fórmula de 'la triple de la mayor' (multiplicar por tres su mayor pena individual como especifica el artículo 76.1 del Código Penal).Es decir, cumplirá un máximo de seis años y nueve meses entre rejas.

El más 'rebelde' durante el juicio ha labrado toda su carrera profesional al cobijo del PNV. Se curtió en las juventudes de EGI, donde dirigió una revista. Ostentó cargos en Osakidetza o el IFBS, el «instituto» que gestiona los Servicios Sociales en Álava. Atacó sin miramientos a Ainhoa Alberdi, la denunciante que propició la investigación ahora culminada, durante su declaración judicial. Al considerar el Gobierno vasco que la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, emitida en diciembre de 2019, no era firme le mantuvo como contable del Parque Tecnológico de Álava hasta marzo de este año.

Aitor Tellería (Bilbao, 1962) sigue en libertad tras su enésimo recurso para esquivar su paso por Zaballa por un «grave» problema médico. Su encarcelamiento se espera que llegue en próximas fechas.

Este exburukide y exconcejal de Vitoria por el PNV está considerado el tercer ideólogo de la trama. Tanto la Audiencia Provincial de Álava como el Tribunal Supremo determinaron que se valió de su puesto en el Araba Buru Batzar para llegar a embolsarse comisiones irregulares. La suma total de su pena por diversos delitos relacionados con la corrupción alcanza los cinco años, un mes y quince días de prisión.

Este veterano jeltzale se bregó en las principales instituciones alavesas. Fue juntero y concejal en Vitoria, siempre bajo las siglas del PNV. Ingeniero técnico de profesión, también ejerció de director de Agricultura de la Diputación y de la oficina de agroturismo del Gobierno vasco. Cuando le detuvieron en 2010 era el responsable del semillero de empresas del parque tecnológico del Álava, más conocido como Miñano.

Se le considera «amigo cercano» de De Miguel. Se acababa de despertar cuando los ertzainas enviados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria y la Fiscalía de Álava registraron su vivienda. Incluso ha recordado en más de una ocasión –y con indisimulado enfado– cómo sacaron de la cama a su hijo. Al igual que hizo De Miguel, en el juicio desarrollado en la Audiencia negó cualquier actividad criminal. Y como Ochandiano también cargó contra Ainhoa Alberdi, la abogada que les delató. Está condenado por prevaricación, malversación de fondos públicos, dos cargos más de tráfico de influencias, blanqueo y asociación ilícita.

El único de los cuatro condenados con penas reales de cárcel que no ha intentado dilatar su ingreso. Permanece en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava, desde el 16 de mayo. Fue ubicado en el módulo 4, considerado de respeto. Al menos durante sus primeras semanas a la sombra ha compartido celda con otro interno.

Fue exdirector de Juventud en el Gobierno de Ibarretxe. De poco le sirvió que su letrado negara su relación con Alfredo De Miguel durante el juicio desarrollado en la Audiencia de Álava. El sumario incluía emails entre sus respectivas mujeres con fotos y vídeos de un viaje a Argentina. Su esposa es Josune Gorospe, ha sido diputada del PNV en el Congreso. Procedente de una familia con profundas raíces nacionalistas, es sobrino de José Luis Robles (difunto alcalde de Bilbao).

La Justicia consideró probada su «influencia» en la adjudicación de contratos a empresas de esta trama corrupta. Su papel, ratificado ahora por el fallo del Supremo, le considera una especie de 'infiltrado' dentro del Gobierno vasco para ayudar a los principales acusados a obtener sus ganancias irregulares.

Responsable de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia y asociación ilícita. Aunque su periodo de cumplimiento real podría reducirse a cinco años y tres meses. A las pocas semanas de la ratificación del Supremo, la Diputación de Bizkaia le despidió de su puesto.

El empresario y exconcejal del PNV de Leioa Iñaki San Juan ha eludido su ingreso en prisión después de que el Tribunal Supremo (TS) aclarase en marzo en un auto que ninguna de las penas por las que fue sentenciado supera los dos años.

Cabe recordar que el alto tribunal le impuso en un primer momento una pena de cuatro años y cuatro meses. Pero su abogada presentó un «incidente de aclaración» y los magistrados le dieron la razón tras la reforma a la baja del delito de malversación. La condena a San Juan quedó fijada en un global de tres años y nueve meses: dos años por un delito continuado de malversación, y un año y nueve meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Los magistrados del TS estimaron que a San Juan se le debía aplicar la misma interpretación favorable que ya realizada a otro de los encausados, Josu Azkarraga Montes. El Supremo considera que ambos estaban condenados por los mismos hechos y por la misma responsabilidad.

Este exedil jeltzale en Leioa. Se encargaba de administrar algunas de las empresas investigadas por el pago de comisiones. Fue el principal beneficiado por la revisión del Supremo. Le absolvieron de los dos delitos continuados de tráfico de influencias (once meses en total).

Condenado a penas menores. En un auto emitido en mayo, la magistrada Elena Cabero le eximió de la cárcel con varias condiciones. No podrá volver a delinquir en el plazo de cinco años. A su vez deberá abonar 6.940 euros de multa, en 694 cuotas de diez euros, o bien realizar«347 días de trabajo en beneficio de la comunidad».

Este empresario cultural estuvo al frente de algunas empresas de la red relacionadas con el sector de la Cultura. Fue condenado por un delito de malversación a dos años de prisión y por un delito de falsedad en documento mercantil a 1 año, 9 meses y 1 día de cárcel. Sufrirá una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 4 años.

Un auto de la Audiencia Provincial de Álava, fechado el 11 de mayo, confirmó que libra de la cárcel siempre que no vuelva a delinquir en el espacio de dos años.

Este constructor y contratista habitual de la Administración vasca era socio de la denunciante, la abogada Ainhoa Alberdi. Ella le acusó de haber negociado el pago de una comisión a cambio del contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano. El Tribunal Supremo redujo considerablemente su pena -a cinco meses de prisión-, ya que la Audiencia alavesa le condenó a 2 años y 5 meses.

Al recibir una pena menor tampoco pasará por la cárcel. Eso sí, siempre que no incumpla la ley en los próximos dos años. Se le considera 'mediador' de la trama. Empresario embarcado en proyectos variopintos, recibió órdenes de Alfredo de Miguel para reclamar una comisión a empresarios catalanes por una operación urbanística en Zambrana. Muchos le describen como 'fontanero' del PNV. Confesó que De Miguel le encargó que pidiera una comisión de 161.000 euros, la misma cantidad que se llevaría el propio Arruti.

Libertad condicionada a que no incumpla la ley en dos años. Ha jugado a su favor que ha abonado su responsabilidad civil y que carecía de antecentes penales. Es la esposa de Alfredo de Miguel. Como las mujeres de Tellería y Ochandiano, era administradora de Kataia Consulting, la empresa 'pantalla' que crearon las tres parejas (la inicial de cada uno de ellos conforma la palabra Kataia). Ante el tribunal aseguró desconocer la trama corrupta, recalcando que su marido era el que se encargaba de todo. Trabajó para otras empresas investigadas. Condenada a 1 año y 6 meses de cárcel.

Idéntico caso que Ainhoa Bilbao. Gaztelu es la esposa de Koldo Ochandiano. También era administradora de Kataia Consulting. Durante el juicio, en lugar de echar balones fuera como sí hizo la mujer de De Miguel, admitió que realizó operaciones económicas y que cobró de dicha empresa. Condenada a 1 año y 6 meses de cárcel.

Padre del 'mediador' de la trama. Con un delicado estado de salud y avanzada edad, su abogada peleó durante todo el proceso judicial para que se le retirase la imputación. Reconoció su participación en operaciones sospechosas y se ofreció a devolver el dinero que había dejado de declarar. Condenado a 9 meses de cárcel.

Ha abonado 3.586 euros por su participación en esta trama. Fue gerente de la empresa Stoa, una de las firmas de la trama corrupta. Arquitecto de profesión y gerente de Studio Técnico de Obras y Arquitectura S.L. (Stoa), señala a De Miguel como su 'padrino' para lograr contratos. Su empresa era la encargada de diseñar la ampliación del parque tecnológico. Fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad documental y cohecho, ratificando así el fallo de la Audiencia alavesa. Su pena es de 1 año y 6 meses de cárcel.

Alcaldesa de Zambrana entre 2003 y 2007. Como regidora de la localidad alavesa, pretendía levantar un polígono industrial. Cuando los promotores catalanes se pusieron en contacto con ella telefoneó a la sede del PNV alavés para explicar el proyecto. De allí, le derivaron a De Miguel y éste, a su vez, le puso en contacto con Josu Arruti, que empezó a buscar empresarios interesados en el proyecto. Se le condenó a una inhabilitación de 9 años.

Exgerente del Parque Tecnológico de Miñano. Fue gerente del parque tecnológico de Álava desde 2006 hasta su detención, que desbarató su aspiración a convertirse en candidato a la Alcaldía de Vitoria por el PNV. También perteneció a la junta directiva del Deportivo Alavés con Gonzalo Antón de presidente del club. El Supremo rebajó a la mitad la condena inicial de la Audiencia Provincial de Álava. Inhabilitación de 4 años para cargo o empleo público aunque el Gobierno vasco le mantiene en su puesto en la administración autonómica.