Los condenados por delitos sexuales no podrán trabajar en las residencias

Según el borrador de la reforma legal al que ha tenido acceso Europa Press, «será requisito para el ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad y/o en situación de dependencia no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual», así como por cualquier delito de trata de seres humanos. El texto, que tiene 36 páginas y está fechado el 5 de noviembre, también prevé exigir a las comunidades autónomas que establezcan «sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación o limitación de derechos» y que los resultados de las inspecciones deberán ser publicados.

Otra de las grandes novedades de un texto que se encuentra en una fase embrionaria y que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para su posterior debate en el Congreso, establece que la violencia de género y el aislamiento social serán considerados factores para tramitar por vía de urgencia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

Este tipo de vetos valdrá tanto para las residencias y pisos de titularidad pública como los privados y concertados. Es decir, será una de las cuestiones que deberán tener en cuenta los inspectores que periódicamente revisan que estos centros cumplen las normativas de atención sociosanitaria. Precisamente este periódico dio a conocer recientemente que seis residencias para personas mayores de Álava han sido sancionadas desde principios de 2023.

La Diputación les ha impuesto multas de 4.000 a 13.000 euros. Tres casos, mientras tanto, han sido archivados. Este es el resultado de las 79 inspecciones realizadas desde principios de 2023 en los 68 geriátricos privados que hay en el territorio. Es decir, una de cada trece ha acabado con multa.