Concejos a tortas que penden de un hilo

La disolución es un camino sin marcha atrás y la Diputación siempre se esfuerza en encontrar alternativas como la designación de una comisión gestora que asuma el control de manera temporal. Todo por mantener las 334 entidades locales que habrá si las Juntas Generales confirman la desaparición de Guinea.

El boletín del territorio histórico (Botha) del 26 de diciembre anunció la existencias de vacantes en «la totalidad» de la junta administrativa de Ullibarri Arrazua, que pertenece al municipio de Vitoria, como consecuencia de la renuncia de quienes habían resultado proclamados en las elecciones de noviembre de 2021. Su control lo lleva ahora una gestora que intenta encauzar la situación. Ni es el único caso, ni tampoco es la primera vez que este concejo echa mano de este recurso temporal. Arbulo y Estavillo también están siendo gestionadas de la misma manera, pero antes han utilizado esta herramienta pueblos como Subijana, Ozaeta, Eskibel, Etxaguen, Karkamu, Larrea, Lekamaña, Basabe, Etura, Atiega, Asteguieta, Arbigano, Paul, Menagarai-Beotegi, Navarrete, Zaitegi, Ilarduya -donde la polémica continúa- o incluso Berganzo.

Algunos lo han hecho por estrecheces económicas y otros por la despoblación, aunque en demasiadas ocasiones la causa han sido los problemas de convivencia. Guinea no es el único concejo en el que existen disputas y se confirma la expresión en euskera de «herri txiki, infernu handi» (pueblo pequeño, gran infierno). Es más, la junta administrativa de Markina (municipio de Zuia) también decidió su disolución hace más de un lustro, pero recientemente el Departamento foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio declaraba la «caducidad» de este proceso de extinción del concejo de Markina por el «larguísimo lapso de tiempo transcurrido entre el inicio y el día de hoy sin que se haya completado el expediente».

Y eso, ¿por qué? «Cuando los vecinos nos dimos cuenta de que pedir la disolución suponía renunciar para siempre a la junta administrativa, pues nos juntamos para tratar de arreglar la situación. Y es que no hay vuelta atrás. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que nuestros hijos no van a poder gestionar su propio pueblo? Obviamente van a seguir existiendo puntos de discordia, sobre todo porque en los pueblos antes se llegaban a acuerdos de palabra, sin papeles, y ahora todo tiene que hacerse de manera digital y con respaldo jurídico», reflexiona Jabi González, que desde hace dos legislaturas es 'alcalde' de Markina.

Allí persisten ciertas rencillas sobre caminos y el suministro del agua. La situación parece mucho más sosegada, ya que hasta hace no tanto una patrulla de la Ertzaintza tenía que personarse cada vez que celebraban reuniones y aquellos que en 2016 presidían la junta administrativa dimitieron en bloque y directamente se solicitó la disolución del concejo hasta que se percataron que era una vía sin retorno.

Otro de los procesos de disolución que recientemente 'caducó' correspondía a Arriaga. Sí, el barrio más populoso de Vitoria. «Llevo 33 años viviendo aquí y nunca he oído hablar de que siga existiendo la junta administrativa», alega Ángel Lamelas, presidente de la Asociación de Vecinos Ipar-Arriaga, sobre esta sorprendente petición.

En el propio municipio de Valdegovía, a doce kilómetros de Guinea, se encuentra el concejo de Caranca-Mioma, que suma 45 vecinos, según los datos de la Administración foral. Allí también tenía que acudir la Ertzaintza cada vez que había reuniones para evitar que la situación pasase a mayores. El paso de ganado, la limpieza de las calles o la localización de las farolas eran motivo de discordia y en ocasiones han acabado en juicio. «Yo ya dejé de acudir a las asambleas porque incluso me expulsaban de la sala antes de las votaciones», acusa Jesús Orive, que durante dos décadas fue 'alcalde'.

Uno de los abogados que asesora a varias entidades locales del territorio explica que este caso no es único. «Cuanto más pequeña sea la junta administrativa, las posibilidades de que existan problemas se multiplican. Aquellos en los que tan sólo hay una veintena de vecinos es porque están repartidos en dos o tres familias y es habitual que lo que haga una perjudique a otra. Ahí se inicia una lucha de egos por hacerse con las riendas del concejo», explica a EL CORREO este letrado que no quiere que trascienda su identidad para no convertirse en 'víctima' colateral de estas peleas.