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Dos años después de los primeros casos en Ariznabarra, la bronca entre vecinos de Vitoria y la empresa de telecomunicaciones rumana Digi sigue servida. Si en 2022 era ese barrio el que se ponía en pie de guerra contra la operadora de telefonía móvil por ... la instalación «sin permiso» de fibra óptica en las fachadas o garajes de sus edificios, ahora es San Martín. Lo hacen, en concreto, varias comunidades ubicadas en calles como Tomás Alfaro, Beato Tomás de Zumárraga o Vera Fajardo, entre otras. Las dos primeras comparten un enorme garaje comunitario y las juntas de vecinos estiman que el conflicto abierto con esta compañía afecta a «un millar de personas».
El problema lo explica Aitor Bustintza, de la administradora de fincas Murintxa, que se ha erigido en portavoz de estos vecinos. Según denuncia, «los operarios se ponen en una célula para impedir que se cierre el garaje, que queda abierto varias horas, e instalar los cajetines» de donde salen los cables de la fibra. El desencuentro entre vecinos y operarios por esta cuestión incluso requirió la presencia de una patrulla de la Policía Local, que tomó nota de los argumentos de uno y otros.
Cuando los vecinos piden explicaciones, los operarios de Digi «'se hacen los suecos' o el encargado enseña un permiso a nombre de personas que a veces ni son residentes, ni tienen teléfonos de contacto, ni nada». Mientras, esos trabajadores «sin permiso» van «tirando cables» por todo el bloque. Según Bustintza, la finalidad de estas actuaciones consiste en «instalar y luego hacer la campaña comercial» para conseguir clientes.
La realidad es que «en todas mis comunidades sólo he dado con un cliente, que hasta ahora recibía servicio a través de la línea de Movistar, que quiera pasarse». Como resultado de estas intervenciones «te llenan todo de cables». «Luego, cuando se caen por el calor, el viento o el paso del tiempo, es muy complicado pedirles que lo arreglen. Hay una especie de vacío legal», asegura Bustintza. Pese a todo, sostienen que la compañía se ha puesto en contacto con ellos.
La empresa, por su parte, niega la mayor. A preguntas de EL CORREO, los portavoces de Digi replican que disponen «de todos los permisos para trabajar en estas fincas». «Siempre hemos mostrado nuestra disposición y ofrecido nuestro contacto para cualquier consulta que quisieran hacernos desde las fincas correspondientes», recalcan.
La compañía rumana subraya que quienes despliegan la firma «son empleados propios» y que las obras «se ejecutan de forma que no afecten a los elementos de las propias fincas». «La cercanía y la proximidad están presentes en todo lo que hacemos», sostienen.
Las quejas, en cualquier caso, no son las primeras que registran los vecinos con respecto a la instalación de estas redes de fibra. Antes, y más allá de Ariznabarra, la presencia de las camionetas de Digi también levantó ampollas durante varias instalaciones realizadas en Txagorritxu.
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