El comité alerta de la intención de Laminaciones Arregui de despedir a una decena de trabajadores

La conflictividad laboral vuelve a Celsa Atlantic, la antigua Laminaciones Arregui con plantas en Vitoria y Urbina. La empresa, según denunció ayer el comité, tiene intención de despedir al 10% de la plantilla, alrededor de una decena de operarios –de un total de 117–, «y así evita aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción y ni tiene que abrir una negociación ni someterse al informe de Inspección de Trabajo».

Esta compañía dedicada a la fabricación de tubo recocido y su posterior galvanizado, para el sector de la construcción –tanto vivienda como obra civil–, está inmersa en un periodo de dificultades económicas y financieras «porque tampoco se ha diversificado el mercado ni buscado nuevos clientes en otros sectores», opinan los sindicatos. Y las consecuencias «las vamos a pagar la plantilla».

En marzo de 2016 se alcanzó un acuerdo para el mantenimiento del empleo, en principio hasta final de 2017 con la posibilidad de renovarse el compromiso dos años más. Se buscaba una salida a un complicado periodo de despidos, huelgas, juicios y movilizaciones de alta tensión que había comenzado en 2012.

Pero «en las últimas semanas se ha producido un cambio de rumbo» por parte de la dirección del grupo Celsa, «volviendo a épocas pasadas. Hace diez días la empresa despidió a un trabajador aplicando el artículo 52 por absentismo, lo que supone un ataque frontal a nuestro derecho a cuidar la salud. Y ahora amenaza con seguir por esa vía en más casos y plantea diez despidos individuales objetivos», rechaza el presidente del comité, David García, de LAB.

Aunque Laminaciones Arregui«ofrecerá traslados a la planta de Bayona en Francia, la media de edad de nuestra plantilla ronda los 50 años. Es gente con familia y es difícil dar ese paso», añade. Los sindicatos creen que hay «alternativas» a los despidos y reclaman por ello un proyecto industrial que garantice el futuro de las plantas a medio y largo plazo.

De hecho, han solicitado al Gobierno vasco que «se implique en la defensa del empleo y haga su aportación de cara a una apuesta estratégica para impulsar la actividad» en las plantas de Vitoria y Urbina.