Colectivos vecinales denuncian que las instituciones están «dejando atrás» a personas vulnerables en Vitoria

Colectivos vecinales y plataformas sociales han denunciado esta mañana que, durante la actual situación de crisis provocada por la pandemia, en Vitoria «se están dando graves casos de vulneraciones de derechos básicos». «Personas en grave situación social están siendo dejadas atrás por las instituciones públicas», han lamentado Manu Arakama y Amelia Barquín, como portavoces de la asociación vecinal Gasteiz Txiki y la plataforma Auzoan Bizi, que cuentan con el apoyo de la Plataforma de Derechos Sociales, CEAR Euskadi y la Plataforma Derecho a Techo.

Mediante la lectura de un comunicado se ha dado a conocer el caso de una familia residente en la capital alavesa, un matrimonio y sus tres hijos que llegaron como solicitantes de asilo y pasaban el confinamiento en una habitación. «En pleno estado de alarma y estando en contacto con la trabajadora social fueron expulsados de allí», han relatado los portavoces. Tras no recibir ninguna alternativa por los servicios de urgencia municipales, siempre según su versión, se trasladaron a las viviendas okupadas de Olárizu. «Sin acceso a agua, luz y con una presión policial constante, en esa situación han estado tres semanas». El pasado viernes recibieron una llamada de los Servicios Sociales para informarles de que se ha encontrado una solución habitacional «provisional» para ellos, aunque por el momento continúan en Olárizu.

«Se evidencia que la situación en la ciudad dista mucho de ser la que retrata el concejal de Políticas Sociales, Mayores e Infancia», han criticado los colectivos en referencia a unas declaraciones de Jon Armentia en la que aseguraba que en el actual contexto «no vamos a dejar a nadie atrás». «¿Cómo es posible que ni el Ayuntamiento ni el resto de administraciones públicas sean capaces de dar una respuesta inmediata a las personas y familias que lo necesitan para garantizar sus derechos más elementales?», reza el comunicado.

Los colectivos firmantes han puesto el foco en los pisos propiedad de Ensanche XXI: «esperamos que las numerosas viviendas municipales vacías sean empleadas de una vez para dar respuesta a estos graves problemas», han pedido. Además, se ha hecho un llamamiento público a todas las personas que estén viviendo «casos de vulnerabilidad social no atendidos», y a quienes los conozcan, para que los denuncien de manera pública. «Exigimos que las políticas institucionales, lejos de agravar esas situaciones como en el caso citado, pongan los medios adecuados para atenderlas», han concluido los portavoces.