Delitos sexuales en Vitoria

Cinco condenados del 'caso Sansoheta' recurrirán al Supremo

Cabe recordar que, hace cinco meses, la Audiencia Provincial de Álava consideró probado que contrataron los servicios sexuales de menores, en su mayoría, tutelados por la Diputación de Álava. Varios de los adolescentes –con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años– coincidieron en el centro foral Sansoheta, ahora cerrado. El mayor escándalo sexual registrado en el territorio ocurrió «entre febrero de 2016 y enero del siguiente año».

Al menos once adultos contactaron con estos chicos en webs de contactos. Les pagaban entre 20 y 400 euros, aparte de que les ofrecían marihuana y cocaína. Un encausado falleció antes del juicio. Otro quedó absuelto. Cuatro acordaron una rebaja de penas con la Fiscalía de Álava en la primera sesión y llevan en prisión desde abril. Sólo cinco adultos se enfrentaron al tribunal, integrado por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo.

En diciembre les impusieron un global de 54 años, penas beneficiadas por las rebajas de la ley del 'sólo sí es sí'. Aún así, sus abogados decidieron recurrir. Una maniobra habitual con condenas altas. Con el rechazo del TSJPV vendrá el Supremo. Y, por tanto, la orden definitiva de ingreso en el centro penitenciario de Zaballa se demorará «hasta 2024», barruntan medios conocedores del proceso. El atasco en la Justicia –por las huelgas sucesivas de los letrados de la administración de justicia y de los funcionarios de base– jugará también a su favor.

Los menores no eran conscientes de que adultos sin escrúpulos abusaban de ellos. Hubo dos denuncias –5 y 7 de abril de 2016– al descubrir la madre de la principal víctima varios mensajes comprometedores en su móvil. Como se fugó, las pesquisas policiales no prosperaron. El 4 de mayo de ese año, «tres responsables del Área del Menor y Familia de Diputación» se reunieron con agentes locales para «recabar datos sobre lo investigado». Pasaron seis meses hasta que la Diputación denunció otra vez y este periódico lo contara.

Durante su declaración en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava, el entonces director de Sansoheta admitió que tras la primera denuncia pusieron «talleres de educación sexual y habilidades sociales» a los adolescentes.

Entre julio y agosto de 2016 detectaron que los chicos implicados manejaban «algunos bienes que no se correspondían con las pagas que recibían». En aquella época les daban «11,5 euros a la semana». Sin embargo poseían «móviles de alta gama y ropa cara», se recalca en el sumario.