Cinco alaveses derrotan en los tribunales al 'cártel de los coches'

Con esa agarradera legal, cinco alaveses han ganado en los tribunales a Toyota y a Renault, que han sido condenadas por el juzgado de lo mercantil nº1 de Vitoria a abonar a los clientes el 5% de lo que pagaron en su momento por su coche más los correspondientes intereses. La victoria legal ha sido comunicada este viernes por la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), que presentó las demandas en julio de 2022.

Año y medio después, y tras un largo recorrido marcado «por los obstáculos procesales opuestos por los fabricantes demandados, así como por las huelgas habidas en la administración de justicia», en diciembre de 2023 han llegado las primeras sentencias. En ellas, la magistrada María Teresa Trinidad Santos -la jueza que ha llevado causas como la pugna judicial entre la dirección de Eusko Alkartasuna- niega los argumentos expuestos por los constructores para no pagar a sus clientes y estima parcialmente las peticiones de los particulares con esa condena a indemnizarles con el 5% de lo que pagaron por sus utilitarios.

La investigación de la CNMC por el 'cártel de los coches' concluyó en julio de 2015 y otorgaba un plazo de un año para reclamar indemnizaciones a los consumidores. Ese argumento es al que se agarraron los fabricantes en los tribunales para evitar pagar a los demandantes alaveses. Sin embargo, la justicia alavesa ha interpretado, al igual que la UCE, la cuenta atrás no echó a andar hasta que en 2021 se pronunció el Tribunal Supremo.

Las marcas también argumentaron en su defensa que el 'cártel de los coches' no influyó en los precios que se pagaban en los concesionarios. Sin embargo, la justicia también niega este punto. En su sentencia, la jueza Trinidad Santos responde que «la conducta infractora necesariamente tuvo que influir en el precio final de los vehículos». «No es racional creer que un comportamiento tan arriesgado de las fabricantes que se exponen a importantes sanciones se lleve a cabo sin el objetivo de obtener beneficios; la misma finalidad o intención natural cabe presumir en los restantes niveles de la red de distribución y por tanto, todo ello necesariamente ha repercutido en el único interviniente en el mercado que no puede infringir el derecho de la competencia, es decir, el consumidor final» , razona la magistrada.

Las sentencias, que condenan a los fabricantes, suponen para la UCE «una protección y amparo judicial de los derechos de las personas consumidoras afectadas por el cártel de coches». Los pronunciamientos judiciales, asegura la organización de consumidores «garantiza a los consumidores perjudicados la reparación de los daños frente a los causantes de las conductas abusivas».

La UCE maneja ahora mismo más de 200 demandas contra el 'cártel de los coches' en Álava. El objetivo, según explican portavoces de la entidad es «presentarlas a lo largo del año». Quienes quieran demandar a su fabricante deberán presentar necesariamente un justificante de pago del coche con el importe.