El centro de refugiados de la antigua clínica Arana allana su futuro para abrir en 2025

La Secretaría de Estado de Migraciones, que depende del ministro en funciones José Luis Escrivá, adjudicó en julio, en vísperas de las Generales, las obras para rehabilitar y reconvertir la clínica Arana en un centro de acogida de protección internacional con capacidad para 350 personas a la constructora madrileña Seranco. Su oferta, de 11,6 millones de euros sin impuestos (14,02 en total), ya se impuso en la mesa de contratación del pasado marzo a la de las otras dos firmas en liza, la alavesa Zikotz y la guipuzcoana Amenabar. Y es ahora, una vez que ha espirado el plazo para que las otras firmas pudieran realizar alegaciones, cuando de verdad empieza a correr el reloj.

¿Cuándo está previsto que el centro abra sus puertas para recibir a los primeros refugiados? Antes de lo que cabría esperar. En el expediente, al que ha tenido acceso este diario, la constructora se compromete a rematar las obras en 16 meses. En concreto, tiene 4 meses de plazo, a contar desde ayer mismo, para redactar el proyecto por lo que las máquinas y los operarios tendrían que entrar en la clínica Arana el próximo enero. Y a partir de entonces, solo tendrán 12 meses para finalizar el tajo. La fecha límite que se fija en el contrato es, por tanto, enero de 2025.

Si se cumplen estos plazos, habrán pasado dos años exactos desde que el Gobierno central anunció su intención de abrir el centro de acogida de protección internacional en Vitoria. Sí, se trata de muy poco tiempo, una diligencia inusitada para un proyecto público de este calado. Tal premura se debe a que la adjudicación se ha tramitado por un procedimiento «abierto acelerado», una vía de urgencia que la administración justifica en este caso por «la necesidad de contar con los servicios y obras especificados para responder a la situación de fuerte presión migratoria y poder cumplir con las obligaciones actuales del Estado en materia de inmigración».

Aunque el que sorteó ayer es el último gran obstáculo burocrático del proyecto, todavía queda un trámite al que se tiene que enfrentar el centro de refugiados: contar con la licencia de obra del Ayuntamiento de Vitoria. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes municipales, la constructora todavía no había solicitado ayer este permiso. Aunque, de cumplir con todos los requisitos, obtenerlo no debería entrañarle grandes dificultades. Más en el actual marco político local, con las competencias en materia de Urbanismo en manos del PSE, que en este asunto siempre ha mostrado una sintonía total, sin fisuras, con el Ejecutivo de Sánchez.

El asunto quizás habría sido algo diferente con el anterior equipo de Gobierno. Urtaran hizo del rechazo frontal al centro de refugiados una de sus banderas. Su objetivo pasaba por capitalizar el enorme descontento que el plan había generado entre los vecinos del barrio, que aspiraban a que la clínica Arana se convirtiera en un centro especializado en geriatría. La estrategia del exalcalde no terminó de funcionar. El PSE de Maider Etxebarria arrasó en Arantzabela y el PNV cayó allí a cuarta posición, solo por delante de Sumar.

Con todo, la polémica pasó de la arena municipal y alcanzó de pleno el debate autonómico hasta tensar al máximo la relación entre el PNV y el PSE entre acusaciones de «demagogia» y hasta «xenofobia». Los nacionalistas -con Beatriz Artolazabal todavía al frente de Políticas Sociales en el Gobierno vasco- rechazaron la operación, que tildaron de «macrocentro» y alertaron de problemas de «guetización» y el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, llegó a acusar a los jeltzales de situarse «cerca de la extrema derecha» con este asunto. Fueron los días más convulsos entre los socios de Gobierno en esta legislatura.