Delitos sexuales

«Hay casos de menores tutelados prostituidos en Álava que no se han denunciado»

En los últimos seis años, la justicia alavesa ha culminado cuatro procesos penales con doce adolescentes tutelados sometidos por hombres sin escrúpulos. Tres sumarios desembocaron en condena -Sansoheta, caso chuches y Perseus- y uno -caso madame- se archivó por falta de indicios, aunque con un reproche a la administración foral.

En este contexto, antiguos menores acogidos bajo el paraguas foral subrayan ahora que «ha habido más casos que no se llegaron a denunciar». Se desconocen las cifras pero, por los testimonios recabados por este periódico, pudiera haber hasta media docena de adolescentes más.

«En aquella época pasábamos mucho tiempo juntos en el centro y fuera. Oías y veías muchas cosas. Cuando no tienes nada y ves que el de al lado lleva unas zapatillas caras o un móvil de última generación, pues ya sabes...», refresca una veinteañera ahora con la vida encauzada. «Había una chica que te invitaba a ir con 'mayores'», dice otra extutelada. Hay documentado un viaje en furgoneta a Barcelona de esa chica, y otra compañera junto a dos hombres.

El 'caso Sansoheta' sacó a la luz la prostitución de siete chicos, la mayoría bajo el cobijo de las instituciones locales. «Al inicio de la investigación había ocho menores que residían habitualmente en ese centro, sólo que con cuatro hubo que archivar. Generalmente por su propia falta de colaboración», destacan medios de la investigación. También se rastreó a una treintena de posibles clientes. Once acabaron imputados. Uno murió antes del juicio y otro quedó absuelto.

A raíz de aquello, la Diputación de Álava hizo cambios en su estructura hasta acabar cerrando Sansoheta. «Siempre que ha habido constancia de un problema se ha avisado a las autoridades. Aparte se han ido incorporando nuevos protocolos y se seguirá haciendo», concretan desde el Gabinete de Ramiro González. Ya está muy avanzado el proyecto de una instalación específica para jóvenes «con graves problemas de conducta», una petición histórica de la Fiscalía de Menores.

En Álava, la mayoría de estos chicos bajo protección foral no está sometida a un régimen cerrado. Por las mañanas deberían ir a clase. Suelen tener las tardes libres. Y al atardecer, un vehículo oficial les recoge para dormir en el centro. El control se diluye cuando abandonan las instalaciones. «Aún así, siempre le estaré agradecida a mis educadores porque se involucraban mucho. Pero claro, llegaban donde llegaban. A día de hoy sigo en contacto con algunos. No puedo decir lo mismo del personal foral, que pocas veces se pasaban a vernos. Por cierto, el día de mi 18 cumpleaños, la Diputación me echó a la calle sin más», apunta otra exmenor. «Nuestra labor va más allá de lo que marca nuestro contrato. Es vocacional, lo que no quiere decir que no cometamos errores», abunda un educador social en activo.

En ninguna de las cuatro causas penales se ha exigido un euro a la Diputación como responsabilidad civil. Esas indemnizaciones las abonaron los clientes. Ninguna familia de las víctimas ha demandado a la institución, tutora legal durante los hechos. En otoño de 2016, este periódico preguntó a la madre del principal perjudicado del 'caso Sansoheta' si daría ese paso.

Ella contestó:«Haré lo que diga mi trabajadora social».