Un cambio normativo da al Ayuntamiento de Vitoria la última palabra sobre la Casa Alfaro

Esta situación, de hecho, había llevado a un callejón sin salida a la casona de la calle Manuel Iradier, que acababa de recibir un tremendo varapalo precisamente de este Consejo de Patrimonio. Le exigía mantener la actual estructura y rechazaba ampliar el edificio con nuevas alturas, lo que limitaba mucho su renovación.

El cambio normativo, votado ayer mismo en el Parlamento, suprime una única frase, pero puede tener un importante impacto. El nuevo contenido dice que los bienes de protección básica «sólo podrán dejarse sin efecto por los mismos trámites seguidos para su declaración». Algunas fuentes interpretan que, a priori, si la declaración de protección se ha llevado a cabo en una institución (en el caso de los Alfaro es el Ayuntamiento), será esa misma la que podrá retirárselo o rebajárselo.

En cualquier caso, la parte eliminada del artículo hacía precisamente referencia a la obligatoriedad de contar con «un informe favorable previo» del Consejo de Patrimonio Vasco.

El objetivo de este cambio, según expresaron los propios parlamentarios (todos votaron a favor salvo Vox, que se abstuvo), es respaldar el criterio de los ayuntamientos. Y es que la catalogación de los edificios protegidos es competencia municipal, pero la ley les obligaba a pasar el filtro autonómico de forma «automática». «Esto puede llegar a paralizar todo tipo de actuación en estos bienes protegidos, puesto que en ningún caso se permitirá el derribo total, pero tampoco el derribo parcial», explicó el socialista Alberto Alonso.

La posible demolición era, precisamente, una de las líneas rojas que planteaba el Consejo de Patrimonio respecto a la rebaja de protección de la Casa Alfaro, que pasaba de un blindaje estructural a otro de rehabilitación con mantenimiento de fachada.

A pesar de que uno de los motivos del cambio responde al despliegue de las energías renovables en los elementos protegidos, la nueva versión de la ley lo hace extensible a cualquier ámbito. «Con esta propuesta de ley se reforzará la autoridad municipal, pues son los ayuntamientos quienes deben gestionar su patrimonio más cercano», explicó la jeltzale Irune Zuluaga, quien admitió que «algunos apartados» de la ley vigente han generado «confusión y dudas» sobre las competencias de las administraciones.

El nuevo marco normativo, sin embargo, no se traduce en que el Ayuntamiento de Vitoria tirará por el camino de en medio para reconvertir la Casa Alfaro en un alojamiento turístico. De hecho, el departamento de Urbanismo apeló hace sólo unos días a la «colaboración» y solicitó una reunión con los servicios de Patrimonio tras los demoledores informes que había recibido del Gobierno vasco y la Diputación tras la rebaja de protección de la casona del Ensanche.

Cabe recordar que el Gabinete Etxebarria reconoció «discrepancias» entre los técnicos municipales y los de Lakua sobre la necesidad de contar con la valoración del Consejo de Patrimonio vasco. Ante la última petición del órgano autonómico, el Ayuntamiento optó por paralizar la tramitación para evitar posibles perjuicios económicos cuantiosos. Ante el inminente cambio de la ley, queda por ver si retoma la vía administrativa o da por aprobada la rebaja de protección.