«Pagamos tres veces más por el gas pese a reducir a solo cuatro horas el consumo»

La continua escalada de precios, agravada por la guerra de Ucrania, y un cambio tarifario del Ministerio de Transición Ecológica que penaliza desde octubre a las instalaciones que tengan un consumo igual o superior a 50.000kWh anuales ha lastrado la economía de muchos vecinos de casas de VPO de Salburua y Zabalgana con caldera comunitaria. «Nos consideran consumidores industriales por el gran volumen que demandan, pese a que el consumo es la suma de varias viviendas. Están equiparando el uso doméstico con el comercial», se quejó ayer en el pleno municipal esta vecina de un edificio VPO. Y es que las viviendas protegidas, que proliferan sobre todo en Salburua y Zabalgana, están equipadas con estos sistemas. Sin embargo, no son las únicas zonas afectadas. Los perjudicados se extienden por todo el mapa de la ciudad.

350euros paga una familia de Salburua que antes del cambio abonaba alrededor de 120 euros.

Adaptarse a esta fría realidad no está siendo fácil para todos ellos. «Hemos tenido que cambiar muchos hábitos. Incluso hemos reducido a 4 ó 5 horas el uso, pero ni con esas. Además, si vives con niños o personas mayores tampoco puedes tener la casa fría». El contador sigue avanzando, lo que asfixia aún más la economía de los hogares. «Este aumento no se puede asumir con estos salarios», confesó, ante un horizonte poco halagüeño, con unas tarifas condicionadas y memeradas por la guerra en Ucrania.

Bereciartua usó el Pleno como altavoz para dirigir su mensaje al Gobierno central y solicitarle la vuelta a la tarifa de último recurso para las calderas comunitarias. Una demanda que se recogió en la moción presentada por EHBildu y que salió adelante con los votos favorables de Elkarrekin Podemos y Partido Popular, en la que se «insta» al Ministerio de Transición Ecológica que las calderas centralizadas que dan servicio a las comunidades de vecinos tengan acceso al mercado regulado. PNV y PSE, por su parte, presentaron una enmienda a la totalidad y pidieron al Ejecutivo nacional que «estudie» una revisión de las normas.