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Desaparece en Salburua
Buscan en Vitoria a un «yihadista» tras arrancarse su pulsera de localizaciónA. E. está en busca y captura. Son las iniciales del ciudadano de origen marroquí nacido en 1970 y domiciliado en Vitoria que figura en ... el radar terrorista de las autoridades desde hace casi una década por su presunta relación con el yihadismo, corriente radical musulmana que predica la guerra santa. Este hombre acumula detenciones por intentar cruzar a Siria para unirse al Daesh, por usar las redes sociales para captar adeptos y hacer apología de su causa. Y lleva, al menos, un par de condenas de la Audiencia Nacional que acarrearon su paso por la cárcel. En la actualidad se encuentra en libertad condicional, por lo que está obligado a portar una pulsera de geolocalización. Por orden judicial tiene «muy limitados» sus movimientos así como sus comunicaciones y debe presentarse cada quince días en la comisaría de la Policía Nacional de la capital alavesa.
Este miércoles, este marcaje preventivo estalló por los aires. Por causas que se investigan, este hombre se arrancó el dispositivo localizador y lo abandonó en un parque del barrio de Salburua. De inmediato saltó una alerta. Cuando los primeros agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional llegaron al lugar tan sólo hallaron el 'gadget' abandonado. Ni rastro de este «condenado por enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista». Desde entonces se le busca por Vitoria y los alrededores.
A lo largo de las últimas horas, y ante la falta de indicios sobre su paradero, la alerta se ha ampliado a otros cuerpos, como la Ertzaintza o la Policía Local. En principio, este huido de la Justicia -hay una orden de busca y captura- carece de documentación. Pese a ello, fuentes consultadas no descartan que «intente huir a otro país» y abandone a su familia, que reside con él en Vitoria.
Por ahora, todas las hipótesis siguen abiertas. Lo mismo respecto a los motivos de su acción. Cabe recordar que el martes, efectivos de la Guardia Civil detuvieron a una supuesta «yihadista» en Zabalgana ante las evidencias de que estaría adoctrinando a sus hijos menores y a otros adolescentes de su entorno. Al día siguiente, esta conversa -de origen latinoamericano aunque nacionalizada española- fue presentada ante la Audiencia Nacional.
Respecto a A. E., en busca y captura por orden judicial, presenta un inquietante currículo. Ha quedado acreditado que intentó entrar en Siria en un par de ocasiones a través de Turquía. En 2014 y 2016. Fuentes internas del Ministerio de Interior deslizan que «trató de unirse a las filas del Daesh o del Frente Al Nusra sin éxito». Regresó a España y en diciembre de 2016, la Guardia Civil le detuvo cuando circulaba con su camión -entonces era conductor profesional- con destino a Irún. Se temía que pudiera usarlo para algún atentado suicida. A través de varias cuentas justificaba los ataques contra la población occidental y los degollamientos de las víctimas.
Ese operativo culminó con el registro de su domicilio de aquella época, ubicado en el barrio vitoriano de El Pilar. Posteriormente, ante el juez alegó que su traslado hasta la frontera con Siria formaba parte de sus «vacaciones». Los investigadores presentaron docenas de mensajes suyos de adoctrinamiento en redes sociales.
Aunque la Fiscalía pidió 14 años de prisión, la Audiencia Nacional no consideró probado que fuera un adoctrinador por lo que la pena impuesta quedó en dos años por «enaltecimiento terrorista» (la pena más suave) y un año como responsable de un único «delito de traslado en grado de tentativa a territorio terrorista». A este castigo se añadieron otros tres años de libertad vigilada. Permaneció entre rejas hasta noviembre de 2018.
Un año después volvió a ser detenido. De nuevo en la carretera. El instituto armado le interceptó en Navarra acusado de lanzar nuevos mensajes proyihadistas durante sus rutas. Incitaba a alistarse en las filas del Daesh y publicaba continuos mensajes contra Occidente. En noviembre de 2020 compareció de nuevo ante los magistrados de la Audiencia Nacional y sumó una nueva pena. Cuando recuperó la libertad vigilada, la autoridad judicial le obligó a portar una pulsera geolocalizadora.
Debía llevarla las 24 horas del día. En Vitoria, a donde regresó hace ya meses, tenía «muy limitados» sus movimientos. No podía entrar en locutorios y «le estaba prohibido encender un ordenador y conectarse a internet». Tampoco podía acercarse a estaciones de autobuses o tren. Y lo mismo con los aeropuertos. Ni siquiera alquilar vehículos.
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