Un bufete de Vitoria demandará al Gobierno central para que compense las pérdidas del sector hostelero

Sara López de Pariza

Jueves, 28 de enero 2021, 16:37 | Actualizado 19:35h.

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El despacho vitoriano BK ETL Global llevará a los tribunales los perjuicios a la hostelería derivados de la pandemia. Durante la primera quincena del mes de febrero interpondrá una demanda ante la Audiencia Nacional por valor de cerca de 15 millones de euros, aunque la cifra exacta no está todavía cuantificada. Se trata del primer bufete vasco en interponer una demanda de este calibre en estos momentos tan complicados para el sector.

Despachos BK representará a más de 600 empresas de hostelería y gimnasios de la zona norte del país. Entre ellas hay negocios de ciudades en las que BK tiene oficinas, entre ellas Oviedo, Bilbao, Logroño o Burgos. En el caso de Álava, los negocios que se suman a esta demanda ascienden a unos 180 (el 30% del total). El bufete ultima una reclamación en conjunto con sus clientes sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, según la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los Estados de Alarma. Este expediente jurídico pide que el Gobierno central soporte el daño debido a las obligaciones impuestas a la hostelería para contener la expansión de la pandemia de la Covid-19.

«Despachos BK ve necesario levantar la voz para que se les escuche en todos los ámbitos, incluidas todas las instituciones. Para que reconozcan el sacrificio continuo del sector y se les indemnice por la caída de las ventas de sus negocios y la quiebra de muchos de ellos debido a las restricciones impuestas», han trasladado desde la firma. «A base de reales decretos, el Gobierno ha intentado minimizar esos daños con ERTES por fuerza mayor, permisos retribuidos recuperables, prestación extraordinaria para autónomos y un amplio paquete de medidas, pero que en ningún caso han resultado suficientes», agregan.

Raúl Barambones, director general de BK ETL Global, confía en que la demanda alcance buen puerto. «Tenemos unas expectativas considerables ya que creemos que hay bases jurídicas suficientes para esta demanda», expone el abogado. A su juicio, los argumentos son sólidos. «La incidencia real del Covid en los establecimientos hosteleros no supera el 10% de los contagios. En primer lugar están los contagios que se dan en el ámbito familiar y en segundo lugar, los que se dan en el trabajo. Luego están otras casuísticas, por lo que no sabemos muy bien en qué se basan para cerrar la hostelería».

En paralelo a esta demanda, SEA Hostelería está informando a sus asociados de que efectivamente existe esta posibilidad de querellarse contra el Estado. Se les ha enviado un documento en el que explican que pueden hacerlo a través de diferentes despachos jurídicos, pero se apostilla que «nadie tiene la certeza absoluta de cómo puede acabar un litigio de estas características. Ni en plazo de resolución ni en resultado positivo o negativo de la misma». En el mismo documento se expone la opción de reclamar a tráves de la plataforma indemniza.org auspiciada por la patronal estatal Hostelería de España. Desde SEA no cuentan con datos de cuántos hosteleros alaveses van a dar el paso.