Berakah y Servicios Sociales cobijan a los desalojados de Prado

En la primera noche después de haber tenido que salir de casa con las pertenencias que se les permitió llevarse, todos encontraron un techo bajo el que dormir y lo tienen garantizado en el medio plazo. Fidel Molina, coordinador de Berakah, asegura que la familia a la que ellos acogen acudió a ellos «hace unas semanas» ante la posibilidad inminente de que llegase la orden de lanzamiento.

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José Manuel Navarro

Los residentes eran víctimas de una red criminal que les estafó con alquileres sin contrato y que les forzó a adelantar hasta seis mensualidades sin que ese dinero fuese garantía de nada. Tres personas detrás de este engaño fueron arrestadas el pasado mes de marzo y otras siete estaban siendo investigadas entonces por su participación en la trama.

Sobre el estado de uno de los vecinos desahuciado, que residía solo en ese inmueble, fuentes del Departamento de Políticas Sociales del Consistorio señalan que su caso también está siendo atendido y que se le ha ofrecido pernoctar en el Centro Municipal de Acogida Social (CMAS). El Sindicato de Vivienda afirma, sin embargo, que los servicios municipales sólo han asegurado a esa persona «entrar en la lista de espera para el albergue». «Tendrá que buscarse un sitio para dormir», sostenía ayer Ixone Santamaría desde este colectivo, insistiendo en que los inquilinos no pudieron sacar todas sus pertenencias el lunes. Pese a ello, a lo largo del día de ayer sólo pudieron recuperar «parte de ellas».

Precisamente el Sindicato de Vivienda hizo público un comunicado cargando contra la «arbitrariedad» de la justicia y la Policía, así como la «negligencia» del Consistorio para gestionar el problema de estos inquilinos. Tras el descubrimiento de la estafa, «el Ayuntamiento y los Servicios Sociales, lejos de proteger a las personas víctimas de la red criminal, las dejaron más desprotegidas que antes», afirma el escrito.

La organización, integrada en Kontseilu Sozialista, también carga contra el propietario del inmueble, al que atribuye una actitud «impune y violenta» y reprocha que no se interesase por el estado de los alquilados ilegalmente. «Aunque no es el directo responsable de la estafa del subarriendo, ha recibido dinero en cambio del alquiler de la vivienda donde se estaba produciendo el delito, es decir, se ha beneficiado de la situación», reza la nota del sindicato. «Estaremos pendientes de que el propietario devuelva a los inquilinos lo que les debe», zanja.