«Barredo dio su visto bueno a algo muy distinto a lo inicialmente planteado»

La nueva diputada alavesa de Medio Ambiente, Amaia Barredo (PNV), comparecerá en las próximas semanas ante las Juntas Generales para defenderse de las acusaciones de «prevaricación administrativa» que existen sobre su reciente etapa como viceconsejera del mismo ramo en el Gobierno vasco. La nueva titular foral quiere dar explicaciones «con absoluta transparencia» tras publicarse la denuncia de un grupo ecologista, que ahora investiga un juzgado, por un proyecto empresarial en el municipio guipuzcoano de Bergara.

Se trata de un caso complejo y extremadamente técnico. Carlos Arribas es uno de los cuatro firmantes del escrito enviado en abril de 2022 a la Fiscalía sobre la presunta irregularidad cometida por Barredo y el director de Calidad Ambiental del Gobierno vasco, Javier Agirre. Arribas, que precisamente nació en el Alto Deba, es responsable nacional del Área de Residuos de Ecologistas en Acción y relata que la empresa Valogreen Paper presentó «dos sencillas hojas» en junio de 2021 al Ayuntamiento de Bergara para solicitar un certificado urbanístico para desarrollar «un proyecto industrial de producción de material calcáreo» -esencial para cementos- en el polígono de Larragorri. Se le concedió.

La sorpresa del Consistorio y de los colectivos ecologistas llegó cuando el boletín oficial de Gipuzkoa publicó meses después un detallado expediente de un centenar de folios (con declaraciones de impacto ambiental, anexos...) para una instalación dedicada a «la gestión de subproductos de la industria del papel» sita en la misma parcela, esto supondría una planta que podría servir para el «tratamiento de 155 toneladas de residuos». Nada que ver con lo proyectado originalmente.

«Es una situación surrealista. Le dan el visto bueno a algo muy distinto a lo que habían plantado. Por eso, el Ayuntamiento dio marcha atrás, anuló su primer certificado y aprobó otro nuevo que establecía que esa industria es incompatible con el plan general», sostiene Arribas. «Ni Barredo ni Agirre tuvieron en cuenta ese segundo informe negativo del Consistorio y emitieron una autorización ambiental en la que, además, afirmaban que no existe un informe negativo por parte del Ayuntamiento. O sea, niegan la realidad», mantiene. El responsable de Ecologistas en Acción indica que esta última decisión de los responsables del Gobierno vasco fue el origen de su denuncia ante el Ministerio Público en abril de 2022 y que el pasado mes de marzo desembocó en la petición de la Fiscalía para que Amaia Barredo y Javier Agirre declaren en el Palacio de Justicia de Vitoria. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 es quien ahora tiene que decidir a este respecto.

Carlos Arribas dice que Agirre fue quien «cocinó» el expediente y trasladó los requerimientos al Ayuntamiento de Bergara. «Pero la resolución definitiva lleva la firma Amaia Barredo y, aunque ella tenga más o menos conocimiento del tema, es la responsable final», mantiene el ecologista. ¿Esta acusación la incapacita para el cargo de diputada de Medio Ambiente? «Políticamente se queda muy, muy tocada por tratarse de una posible irregularidad en el mismo ámbito que le toca gestionar desde la Diputación», opina.

Ayer, el diputado general de Álava, Ramiro González, volvió a respaldar públicamente la gestión de Barredo y subrayó que su decisión de conceder la licencia ahora cuestionada «se tomó con los informes jurídicos pertinentes por parte del Gobierno vasco» y «con el pleno convencimiento de que era una decisión que estaba amparada en la legalidad». «Hay que dejar que todo siga su curso, y tengo la confianza de que esa investigación acabará archivada», insistió en una entrevista en Onda Vasca, aunque admitió que la nueva diputada «deberá abandonar su responsabilidad» si se le abre juicio oral.

Los ecologistas, además, han hecho una ampliación de su denuncia ante la Fiscalía. Quieren que se investigue a la consejera Arantxa Tapia por si se concedieron fondos a Valogreen Paper durante la pandemia.

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