El Ayuntamiento de Vitoria niega «daños irreparables» por los cambios en Urbanismo como denuncia Ana Oregi

El departamento municipal de Función Pública que dirige el socialista Jon Armentia ha desestimado todos los argumentos dados por la jefa de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, la exconcejala del PNV Ana Oregi, contra la reorganización de Urbanismo llevada a cabo en agosto por el Gabinete Etxebarria. Se trata del segundo recurso interpuesto por quien fue también exconsejera del Gobierno vasco contra la creación del equipo de Desarrollo Estratégico y Vivienda, lo que obliga a un nuevo reparto de los servicios técnicos.

Según el documento al que ha tenido acceso EL CORREO, Oregi «impugnaba» el acuerdo de la Junta de Gobierno Local daba luz verde a los cambios en el departamento por, entre otras cuestiones, no haber sido negociados con los trabajadores. En su respuesta, Función Pública argumenta que es potestad de la Administración local su «autoorganización» y dado que las condiciones laborales y salariales de los funcionarios adscritos al nuevo servicio «no se han visto modificadas», este supuesto queda «excluido de la negociación». Niega, asimismo, que haya habido «ausencia de motivación, desviación de poder y manifiesta arbitrariedad» en la decisión. El texto, que firma Armentia, dice que en el recurso de Oregi en que se habla de la posibilidad de que se esta reestructuración dé lugar a «divergencias, fricciones o duplicidades» entre el nuevo servicio y el que ella dirige de Planificación «falta la acreditación de dichas circunstancias».

«Invocación genérica»

Y en parecidos términos se expresa cuando la exconcejala pide la suspensión del acuerdo «por los perjuicios para el interés general de municipio desde su aprobación, máxime teniendo en cuenta el estado de tramitación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana cuya ralentización como consecuencia de la decisión organizativa adoptada, puede tener graves consecuencia en el cumplimiento de los objetivos del programa de gobierno 2023-2027». A esto los juristas municipales responden que el interesado «tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren, en el caso de acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica».

Oregi, pese a tener tener intacto su cargo, cuenta ahora con un equipo más reducido (de 9 a 4 personas) del que ya no depende el Plan General de Ordenación Urbana que ella misma diseñó. Aún no ha aclarado si continuará su lucha en los tribunales, decisión para la que aún cuenta con varias semanas de plazo.

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