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Las grúas apuntan hacia Goikolarra. Este barrio de Vitoria, en plena expansión, resulta un polo de atracción para las constructoras porque aquí tienen terreno ... de sobra para levantar pisos en formato urbanización y viviendas unifamiliares. Esa consolidación del antes denominado sector de Aretxabaleta-Gardélegui está teniendo, sin embargo, un efecto negativo para buena parte de los más de 3.000 vitorianos que se han asentado en esta zona.
Y es que algunas de las empresas que están contribuyendo a ese desarrollo urbano «no asumen tareas de limpieza diarias efectivas», «dejan sueltos residuos a merced del viento» y «producen desperfectos en las calles adyacentes» en las que intervienen. Los vecinos, que son los que han denunciado esta situación, hablan de «farolas rotas, pavimento de bidegorris destrozado, baldosas trituradas...».
La lista es larga y la incomodidad aumenta cada día en los bloques cercanos a vías como Zalduondo, Asparrena u Okariz; lugares en los que se están levantando estas nuevas promociones, que se venden, en muchos casos, como residencias enclavadas en un «oasis de tranquilidad».
«El ritmo de edificación es tan frenético que anula completamente al ciudadano y su posibilidad de transitar con seguridad por el barrio», denuncian desde la asociación vecinal Guztion Goikolarra. «No estamos dispuestos a vivir años entre basura. Tenemos derecho a un barrio limpio», reclaman en una de las múltiples quejas que han trasladado al Ayuntamiento.
Como respuesta, el Departamento de Barrios, que dirige Beatriz Artolazabal (PNV), multará a las constructoras que incumplen con la ordenanza. En concreto, el Gabinete Etxebarria tiene 'fichadas' a cuatro firmas que no se están ajustando a la norma y, tras varios requerimientos 'in situ' para que «mantengan el espacio público en condiciones» a los que se ha hecho «caso omiso», se les han interpuesto distintas sanciones «graves» que van entre 751 y 1.500 euros.
En esos expedientes se deja claro que «no han puesto las medidas suficientes para contrarrestar la suciedad generada» y, tras pasar por la Junta de Gobierno Local, se les notificará a los afectados. De incurrir de nuevo en los mismos comportamientos, el precio a pagar podría ascender hasta los 3.000 euros.
Sobre los daños al mobiliario urbano, el Consistorio no ve «conveniente» solicitar su reparación inmediata puesto que «por los trabajos de construcción es lógico que se vuelva a deteriorar». Sí exigen a las constructoras fianzas para arreglarlos después.
Aun así, algunos residentes elevan ya el tono y hablan de una «lluvia de cemento y cascotes» que, «a parte del trabajo de limpieza que genera», temen que «termine bloqueando los canalones». Por eso, piden que, si no las tienen, se instalen mallas antiescombros que «evitarían que la suciedad llegara a las parcelas» en forma de «plásticos o trozos de ladrillo».
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