El Ayuntamiento de Vitoria intenta frenar la contratación de la obra de los 294 chalés de Uleta

Pese a que se trata de una respuesta esperada por parte del Ayuntamiento por los precedentes que se han producido en torno al sector 17 desde el verano pasado, la decisión del gobierno municipal confirma el distanciamiento entre los propietarios y el Consistorio a cuenta de la construcción de los chalés y la urbanización de la totalidad del suelo. A día de hoy, existen dos expedientes judiciales y otros tantos administrativos a cuenta del pulso por una de las zonas más cotizadas de Vitoria. Mientras el Ayuntamiento busca prohibir cualquier iniciativa urbanística para convertir los terrenos en rústicos a través del próximo Plan General, los dueños consideran vigente el proyecto que se aprobó en 2006 y que permaneció paralizado cerca de 15 años.

El Gabinete Urtaran deberá aprobar ahora el recurso que interpusieron los dos miembros de su gobierno que participan en la junta de propietarios de Uleta. Al ser un procedimiento calcado al de las obras de la Ronda Sur, lo más lógico es que saldrá adelante y acabe en el juzgado, como sucedió hace apenas un mes. En esta ocasión, no obstante, el recurso se ha presentado antes de adjudicar la obra, lo que persigue evitar que los trabajos lleguen a arrancar.

En paralelo, el alcalde de Vitoria anunció su intención de trasladar una «propuesta» a los propietarios de los suelos tras el verano. Para entonces, espera contar con un informe de la asesoría jurídica municipal que establezca los «derechos» que pudieran tener en la actualidad los promotores. En cualquier caso, el equipo de gobierno (PNV-PSE) insiste en que «no habrá indemnizaciones millonarias», y que la urbanización de Uleta es «ilegal» por tener «caducados» sus plazos de ejecución.

En una situación similar se encuentra el sector 41 de Mendoza, al nordeste de Júndiz, aunque el pulso entre los propietarios y el Ayuntamiento no es tan crudo como en la Zona Sur. Los dueños, representados por Laboral Kutxa en una inmensa mayoría, recurrieron la suspensión de las licencias urbanísticas del Gabinete Urtaran, ya que consideraba que se aplicaba como una «mancha de aceite» para frenar las intenciones de los promotores de Uleta, y que su situación «nada tiene que ver» con el conflicto del Sur. La junta administrativa del concejo, además, se opone a una urbanización de más de 60 viviendas, del tipo de Ciudad Jardín, que supondría casi duplicar la población de la entidad menor.