Policía Local

El Ayuntamiento de Vitoria contratará vigilantes privados para controlar sus accesos y 'liberar' a 12 agentes

Según ha sabido este periódico, el propósito del Gabinete de Maider Etxebarria es que esta externalización 'libere' a los doce agentes locales que en la actualidad se alternan en este cometido. La mayoría de ellos pasaría a reforzar los turnos (cuatro diurnos y dos nocturnos) u otras unidades de Aguirrelanda, donde la falta de efectivos es una constante desde hace ya muchos meses.

Está previsto que hoy miércoles se apruebe la licitación –a cargo del Departamento de Hacienda– por un montante de casi 253.000 euros (IVA incluido) para un año de servicio. Una vez cubierto este paso, la convocatoria arrancará con su publicación los próximos días en el BOTHA, el Boletín Oficial de Álava. A partir de ahí, el proceso pasará a la fase de presentación de las compañías candidatas. Deberán dar el mismo servicio que la Guardia urbana; las 24 horas del día, 365 días del año.

Con estos condicionantes, la previsión más optimista manejada por el equipo de gobierno local es que los nuevos vigilantes de seguridad «sin arma» arranquen «en otoño». Y a partir de ahí, los doce agentes salientes se redistribuirían por diversas tareas eminentemente policiales. Algunos están en «segunda actividad».

Hasta ahora, estos policías controlan quiénes entran y salen del inmueble, vigilan el interior a través de las cámaras y –en especial en horario nocturno– realizan rondas por el interior del bloque. También revisan los accesos secundarios, como la puerta que da a la calle Mateo Moraza.

Con este movimiento, el Gabinete Etxebarria coloca otro parche a corto plazo para la actual falta de efectivos en la Policía Local. A principios de año ya recurrió a la contratación de agentes interinos. Cabe recordar que la OPE de 48 nuevas plazas convocada por el Ayuntamiento no estará lista hasta dentro de un año y medio, mes arriba mes abajo.

«La alcaldesa ha pensado en esta solución en atención a la demanda del comité del Ayuntamiento», expresan fuentes del equipo de gobierno de la capital del País Vasco. Hace más de un año que los sindicatos –los policiales y los generalistas– y el movimiento asindical de la Policía Local demandan un importante refuerzo de la actual plantilla.

Unidades especializadas como Investigación, Menores o Violencia Intrafamiliar han tenido que bajar la persiana en momentos puntuales ante la falta de efectivos. Los turnos –los agentes que llevan el día a día y acuden a las urgencias– también andan «muy cojos de personal», según refieren diversos medios de la plantilla y constatan los sindicatos Sipla, Comisiones Obreras, Erne o Euspel.

Los servicios de vigilancia privada en edificios públicos no son una rareza en Vitoria. Más bien encarnan la tónica habitual. Por citar algún ejemplo, el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz hace más de un lustro que cuenta con estos profesionales. Lo mismo sucede en la sede del Gobierno vasco en Lakua.

Eso sí, la Policía Local mantendrá su retén habitual en la oficina de Urgencias Sociales de la calle San Antonio, donde los líos son bastante más habituales que en la Casa Consistorial. Sus efectivos también seguirán al mando de la vigilancia de la comisaría principal de Aguirrelanda y de la de José Erbina.

En esta legislatura, el Ayuntamiento ha acometido otros movimientos para tratar de paliar el déficit de personal, 400 agentes operativos en el mejor de los casos, y responder al aumento gradual de los asuntos –más delincuencia, más eventos a controlar...–.

En febrero del año pasado instauró la cita previa para los delitos leves. Se vendió como una medida de eficacia. Desde Aguirrelanda deslizan que la razón principal fue «descongestionar» Inspección de Guardia, grupo que tramita las denuncias. El departamento de Seguridad, ahora dirigido por César Fernández de Landa (PNV), jamás lo ha admitido en público.

Hace ahora dos meses, la Policía Local también abrió una sección para recoger denuncias 'on line' para los ilícitos «que no requieran de la intervención policial en el lugar de los hechos». Esto es, aquellos que «no se cometieron con violencia física o intimidación o en los que la persona autora ya esté identificada».