Ayuntamiento y Gobierno vasco vuelven a chocar por las 960 VPO de Salburua

El Gobierno vasco asegura que «no se podría justificar» la elevada inversión en rehabilitación si el patrimonio vuelve a ser municipal. Es decir, que pague la reforma de los pisos y tras ofrecerlos en alquiler protegido los devuelva al Ayuntamiento en mejor estado. «Todo propietario es responsable de mantener su patrimonio. Si el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes, no va a venir el Gobierno vasco a rehabilitarlas y devolverlas. No funciona así. Y si es un 'lo tomas o lo dejas', el Ayuntamiento sabe que no lo podemos tomar», explica el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui (PSE).

De forma más concreta, las 62 viviendas que «ofrece» el Ayuntamiento se dividen en dos grupos. Por un lado están las 42 de Bustaldea, bloqueadas hasta que se apruebe el nuevo Plan General, porque el documento actual contempla su derribo. Por otro, una veintena de pisos en diferentes zonas de la ciudad, entre ellas el Casco Medieval.

Lakua subraya que debe estudiar la situación del resto de los edificios para definir su viabilidad. «Entenderíamos que se hagan de forma simultánea (la construcción y la rehabilitación), pero tienen una operativa distinta», explica Jauregui.

Las actuales tiranteces entre ambas instituciones comprometen el ambicioso plan que estaba llamado a permitir un gran despegue del alquiler protegido en Salburua. Todo ello en un contexto en el que cerca de 9.000 personas solicitan VPO en alquiler y a pesar de que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco se habían mostrado «muy cerca» del acuerdo desde hace meses. Las posibles salidas pasan por desligar ambos acuerdos: desarrollar por un lado las viviendas de Salburua y analizar en paralelo los casos de la rehabilitación y el posible cambio de titularidad, aunque en otro marco.

El convenio que ahora amenaza con bloquearse estaba llamado a desatascar 960 pisos protegidos pendientes desde 2007. Algo más de la mitad (543) formaban parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno vasco años atrás. El resto (417 viviendas) fueron concebidos en otras parcelas o zonas de la ciudad, que ahora resultan inviables por diversos factores, como la redensificación de los nuevos barrios, los suelos contaminados o un plan de urbanización «a muy largo plazo».

La ruptura entre ambas instituciones, que reedita la intensa polémica que protagonizaron Gorka Urtaran y el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE) por el trazado del tranvía a Zabalgana, se produce tras un «acercamiento» en la mayor discrepancia. Se trata de la bonificación del impuesto de construcciones (ICIO) en el desarrollo de estas viviendas. El Gobierno vasco solicitaba un 95% mientras que el Ayuntamiento señalaba que sus ordenanzas fiscales no recogían esa posibilidad. En los últimos meses, esa cuestión parecía resolverse.

Eso sí, en una reciente respuesta parlamentaria a EH Bildu, Arriola (PSE) subrayaba que «las discrepancias son fluctuantes con el Ayuntamiento». «Cada vez que se resuelven, surgen nuevos planteamientos que obligan a dilatar los plazos», concluyó. Las últimas comunicaciones sobre este plan se produjeron en enero, cuando Vivienda envió la propuesta del convenio tras incluir «pequeñas modificaciones» en la versión «consensuada» con el departamento municipal de Territorio.