
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El Gobierno vasco y empresas estadounidenses quisieron buscar gas en Subijana, en el entorno del Ruta de Europa, pero el Ayuntamiento de Vitoria no les ... dio permiso; era «incompatible» con su Plan General. Llegó la Ley de Cambio Climático, una norma estatal que prohíbe expresamente nuevas autorizaciones para el sondeo de hidrocarburos. Y el proyecto quedó invalidado. Se desintegró. Pero para entonces (2021), las dos administraciones gobernadas por el PNV, ya habían judicializado sus diferencias.
El litigio ha durado dos años y ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) da la razón al Ejecutivo de Gorka Urtaran. Deja abierta, eso sí, la posibilidad de un recurso de reposición de Lakua, aunque fuentes consultadas por este periódico consideran que «sería muy difícil de sustentar». Porque el fallo del TSJPV sostiene que el Ayuntamiento actuó de forma «coherente» e incide en que las prospecciones eran «incompatibles» con su ordenación urbanística.
Es la respuesta a la apelación que el propio Consistorio planteó a una sentencia de enero de 2022 que le fue contraria. «Anuló», de hecho, aquel veto municipal a la exploración de gas en Subijana por entender que la argumentación que se había dado estaba «incompleta».
Un dictamen que se firmó en primera instancia desde el juzgado de lo Contencioso número 3 y que dio la razón a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) –dependiente del EVE–, que pilotaba la iniciativa. Pero el proyecto ya no era viable, así que el sentido de continuar con el litigio era más una cuestión de arrojar luz sobre el procedimiento.
El Ejecutivo municipal no quería dejar pasar la derrota. Y Lakua presentó su propia alegación. Un 'por si acaso'. El departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia requería «corrección procesal» para que el proyecto no se cerrara en falso (había socios extranjeros, tenía autorización medioambiental desde 2019 y existían unos derechos patrimoniales). En suma, que no pareciese que Shesa –que ya no podía hacer nada en la práctica– fuera acusada de «hacer dejación de sus obligaciones», explicó en su día la consejera.
Lo que dice el TSJPV, en sentencia con fecha de 14 de mazo, es que fue «correcta» la denegación de licencia del Ayuntamiento. Recuerda que el permiso se solicitó para una parcela calificada como suelo no urbanizable «en parte, en una zona calificada como área de valor forestal y, en otra parte, como área de valor natural grado 2». Yque el Plan General vigente «no consigna como usos admitidos o usos a propiciar, las actividades extractivas, o las labores de prospección o investigación».
Por lo que aquel 'no' al pozo Armentia 2 (como se identificó técnicamente) fue «coherente. «En conclusión, una actividad como la del sondeo de investigación de hidrocarburos resulta incompatible con los usos admitidos y a propiciar» en la parcela solicitada, «pues supone la transformación del suelo en tal medida que impediría tales usos y frustraría el objetivo final de la ordenación prevista».
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