El Ayuntamiento de Vitoria cobrará las basuras según la cantidad que se genere

Todos los hogares de la capital alavesa partirán de la misma base, con la que se cubrirán los gastos del vertedero de Gardélegui o la planta de tratamiento de desechos de Júndiz. Es decir, los costes compartidos por la gestión se pagarán de forma equitativa. La parte variable será la más novedosa y compleja de calcular, ya que el Ayuntamiento espera «ir más allá» de subir la tasa en función de los metros cuadrados de cada vivienda, como se hace hasta ahora. El objetivo pasa por introducir variables, como podría ser, por ejemplo, el número de habitantes. Esos nuevos criterios, sin embargo, se encuentran todavía por definir por parte del departamento técnico.

Pero esta tasa, que se aplicará con el nuevo servicio de limpieza ya iniciado, no solo afectará a las viviendas. Es más, la clasificación más exhaustiva llegará a los negocios de la ciudad. El Ayuntamiento dividirá los locales de acuerdo a su actividad y establecerá cinco categorías: aparcamientos, teatros y cines, enseñanza, comercio y hostelería.

El departamento de Hacienda otorgará diferentes valores a cada sector, para lo que aplicará diversas variables. Por ejemplo, la cantidad de residuos de plástico, cartón, orgánico y fracción resto que genere su propia actividad. A ello se sumaría después el tamaño de la superficie de cada negocio y otros aspectos que se encuentran en fase de análisis técnica.

A modo gráfico, una frutería, que a diario debe deshacerse de una buena cantidad de materia orgánica, pagaría más que una farmacia, que además cuenta con un sistema de autogestión de residuos. Por otro lado, el Ayuntamiento estudia incorporar otras opciones, como el hecho de que un colegio cuente con comedor. Estos detalles, en cualquier caso, son todavía hipótesis que se barajan entre los expertos. Las propuestas, mientras tanto, se someterán después a debate político.

A este nuevo sistema se añadiría la «bonificación» por el reciclaje de materia orgánica que incorporará el nuevo servicio de basuras, ahora paralizado a la espera de que se resuelva el recurso administrativo de FCC. Se trata de una de las principales características de la contrata: los contenedores marrones llevarán un cierre electrónico que cada ciudadano podrá abrir con una tarjeta, que después se empleará para aplicar «ventajas fiscales».