Tres familias de la capital alavesa ya no pueden visitar a sus seres queridos en el lugar donde decidieron darles sepultura debido a una sucesión de «errores humanos» ocurridos en la gestión del cementerio de El Salvador, admitió ayer el concejal responsable del área, Iñaki Prusilla. Los casos, ocurridos en entre 2013 y 2017, supusieron el vaciado de cinco nichos o tumbas -tres de ellos pertenecían a una misma familia- que posteriormente fueron revendidos sin tener en cuenta que aún tenían propietario y sin permiso ni advertencia previa a las familias. En los dos casos más recientes -el último del que se tiene constancia sucedió en 2017 y se detectó en abril- las familias han decidido emprender acciones legales contra el Ayuntamiento.
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Sendos errores administrativos están tras el dolor de una familia que ha perdido los restos de su madre y de otra que ya no podrá recuperar los de tres de sus allegados, los dos casos más próximos en el tiempo. En ambos se dio la orden de exhumar sus restos por una confusión en su numeración, apuntan fuentes locales. Esta equivocación provocó que sus sepulturas se vaciaran, procedimiento que se sigue cuando una familia renuncia a su concesión. En los dos casos las tumbas tenían un aspecto o numeración similar o los nombres de los titulares y las familias coincidían o eran muy parecidos entre sí. Estos dos casos aún están pendientes de resolverse en los tribunales. La familia que ha sufrido tres exhumaciones reclama 60.000 euros de indemnización. El Ayuntamiento le ofreció 20.000, que esta se negó a aceptar.
El primero de los tres sucesos tuvo lugar en enero de 2013, cuando se exhumaron varios cadáveres depositados en panteones comunes desde 1999. En aquella ocasión se trató de un error de actuación 'in situ', es decir, mientras se ejecutaba esta operación. Un año después se indemnizó con 12.000 euros a los dos hermanos afectados por la exhumación incorrecta de los restos de su madre. Según trascendió entonces, los hermanos pretendían trasladar el cuerpo de su madre a un panteón familiar, pero los técnicos equivocaron dos ataúdes y arrojaron sus restos por error al osario común. Los afectados reclamaron entonces 24.000 euros al Consistorio por daños morales, pero finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial.
En el resto de los casos, el Ayuntamiento asumió también los errores, se disculpó con las familias y les ofreció indemnizaciones, aunque el proceso judicial sigue. Asimismo se ha comprometido a interponer más «filtros» en los procesos de exhumaciones e inhumaciones para evitar nuevos errores administrativos. También se pretende mejorar el sistema de software del censo de cementerio y se valora reforzar el personal de las instalaciones.
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