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Cerca de trescientas personas de la plantilla de Tubacex y de la comarca de Ayala se concentraron ayer, miércoles, por la tarde en Llodio para «exigir la absolución de los tres jóvenes de otras empresas» que serán juzgados este próximo lunes en el Palacio ... de Justicia de Vitoria por los incidentes que se sucedieron durante la huelga de Tubacex, en el año 2021. Las «exageradas peticiones fiscales», que ascienden a «cuatro años y siete meses de prisión» para cada una de las personas encausadas, vienen precedidas de dos sentencias anteriores: una de absolución y otra de seis meses de cárcel por resistencia a la autoridad y absolución de un delito de atentado contra la autoridad.
Según el comunicado hecho público por los trabajadores de Tubacex, se trata de «un intento de criminalizar a quienes se solidaricen con las reivindicaciones de la clase obrera». Defienden este argumento, añaden, porque «la Ertzaintza va a intentar hacer pasar a estas tres personas por tres alborotadores profesionales en busca de sembrar la discordia, aunque únicamente mostraron su apoyo a una causa justa».
La plantilla asegura que «la maniobra de la Ertzaintza tiene una doble finalidad. Infundir el miedo para que las protestas laborales no se contagien, y dar validez al relato policial de que los disturbios procedían de un grupo de personas ajenas a la plantilla en lucha». A su entender, «los responsables de la mayor parte de la violencia tenía su origen en la actividad y la actitud de la Ertzaintza, que ejerció de piquete del Consejo de Administración de Tubacex».
Al juicio que se celebrá el lunes, 18 de septiembre, le seguirá otro previsto para el 11 de octubre en el que dos trabajadores de la planta de Llodio «se enfrentarán a peticiones fiscales de 14 meses de prisión por desórdenes públicos y por atentado a la autoridad». Los trabajadores enmarcan las detenciones «en los primeros días de la huelga, cuando la Ertzaintza hirió a multitud de personas en la entrada de la fábrica de Laudio». Lamentaron que, a pesar de eso, «algunos sindicatos policiales exigieron que se les permitiera volver a utilizar armas para lanzar pelotas de goma».
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