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Llodio se dispone a tener listo en el primer semestre del próximo año el censo de edificios, tanto públicos como privados, que contienen amianto. Esta ... es una obligación de los ayuntamientos, que deberían haber terminado a finales de 2023 tras una prórroga que concedió la legislación aprobada en el año 2002. La misma normativa exige que los materiales de más riesgo estén retirados en 2028.
Con ese horizonte trabaja también el Ayuntamiento de Llodio, que este jueves ha anunciado que «los trabajos se extenderán un máximo de seis meses». La inversión prevista asciende a casi 60.000 euros y solo en locales municipales, el Consistorio ha señalado 104 edificios que tiene que analizar. A esos también se sumarán los inmuebles privados. «Este trabajo supondrá la identificación, localización, ubicación, y programación para la eliminación de los elementos constructivos que contengan fibrocemento o cualquier material con contenido de amianto en la localidad, los cuales esperamos retirar antes del 2028», ha explicado la alcaldesa, Ainize Gastaka.
El trabajo se hará en tres fases. La primera es un censo preliminar que se realiza teniendo en cuenta el año de construcción de los edificios, dado que la mayor parte de las construcciones entre 1965 y 1990 utilizaron este material. Para realizar este listado se usan datos acerca del año de construcción y posibles rehabilitaciones. El tipo de uso también da pistas acerca de la presencia de amianto en la obra.
Tras el examen de la documentación técnica, se elabora un censo detallado que exige visitas e inspecciones 'in situ' para comprobar la presencia del amianto. En la última fase se evalúa el riesgo de cada caso. El plan incluye también un proceso de desamiantado, que debe abordar los casos con más riesgo antes de 2028. El deterioro puede derivarse de la propia edad del material o del uso. En los edificios es habitual encontrar amianto en los aislamientos, tanto de suelo como de paredes y cubiertas, en las tuberías y en pilares.
«Una vez abordadas las retiradas prioritarias, el plan ejecutará la retirada de las instalaciones o emplazamientos de carácter público y privado con riesgos medios-bajos. Asimismo, cada instalación o emplazamiento privado deberá tener su propia hoja de ruta, y en aquellas localizaciones donde se haya detectado amianto con riesgos bajos se planteará su retirada sustituyendo el material», ha aclarado Gastaka.
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