«Iremos a Europa para que se preste atención al amianto»

Sin embargo, no hay noticias de cuántas localidades han entregado ya la documentación en el Gobierno vasco. El plazo concluyó a finales del año pasado, tras una prórroga. Los únicos datos que ha aportado el Gobierno vasco es que al menos nueve localidades alavesas han solicitado ayudas públicas para elaborar esos censos. «Podrían ser más las que están haciendo el estudio por su cuenta», apuntan en Lakua. Hay constancia de que Ayala, Campezo, Salvatierra, Peñacerrada, Lantarón, Artziniega, Okondo, Berantevilla y Armiñón están trabajando para saber cuáles son los edificios de mayor riesgo y hacer público el calendario para su retirada.

«Todos los expertos dicen que el amianto instalado concluyó su vida útil desde hace tiempo y se están descomponiendo las fibras. Es irresponsable que no se aborde el cumplimiento de la ley», señala Uzkudun, quien alerta de que «muchas veces, las tareas de desamiantado las hacen microempresas para las que es imposible cumplir las medidas de prevención real».

En Álava, además de la retirada del amianto, existe el problema de la gestión. El departamento que dirige Arantxa Tapia ya barajó en su momento que se llevara al vertedero de Gardelegi, pero el Ayuntamiento de Vitoria, que también elabora su propio censo, ha aparcado la decisión hasta que se conozca la magnitud del problema, que puede ser enorme, lo mismo que las indemnizaciones a los afectados. De hecho, el ayuntamiento de la capital alavesa ya se enfrenta al primer juicio de un trabajador afectado, como antes ha ocurrido en varias empresas. El de Llodio ya pagó en 2017 una indemnización de 133.000 euros a la familia de un trabajador municipal que falleció y en 2020 se presentó una segunda denuncia.

El coste de la retirada puede ser gigantesco. Solo eliminar el amianto de los tejados del colegio Latiorro, también en Llodio, costó más de 800.000 euros.