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Miguel Angel García Diego, que gestionó durante más de dos décadas el matadero de Llodio hasta el julio de 2021, asegura que el cierre de la instalación «fue premeditado» y fruto «de un sabotaje» una vez archivadas las denuncias que se presentaron contra su empresa. ... Fuentes municipales atribuyeron el cierre a «una gestión deficiente y un inadecuado tratamiento de los residuos». La misma explicación asumió en febrero del año pasado el diputado foral de Agricultura, Eduardo Aguinaco, en el pleno de Juntas Generales.
El matadero de Llodio era el único operativo en Álava hasta el 2 de julio de 2021. Aquel día se cerró definitivamente porque se produjo un vertido leve de sangre, «no más de seis litros. No llegó al río, se recogió inmediatamente en un patio interior, pero fue un sabotaje. Pensábamos que era una avería, pero en ese momento, apareció un técnico municipal que solo iba al matadero dos veces al año», asegura García Diego. Antes de acabar el día, el equipo de gobierno denunció el vertido en la Ertzaintza y el matadero quedó cerrado. «En vez de iniciar un expediente o apercibirnos, se cerró», asegura el ex-gestor.
Todo empezó dos años antes, en 2019, cuando se produjo un vertido de sangre al río que mantuvo el servicio tres meses y medio cerrado para instalar un sistema de recogida de sangre provisional. Aquel vertido supuso la imputación por delito ambiental de la empresa gestora y de los alcaldes Natxo Urquijo y Ander Añibarro. Todos quedaron absueltos. García Diego añade que «nunca nos informaron de que la instalación, que es de propiedad municipal, no depuraba los residuos».
Con la intención de mantener el matadero abierto, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco habían acordado hacer una depuradora que resolvería el problema definitivamente. De hecho, Lakua tenía reservado el dinero para hacer la obra, pero su coste, que inicialmente era de 50.000 euros, se multiplicó por diez, como reconoció el alcalde, Ander Añibarro, que lo atribuyó a los «requisitos normativos». La depuradora no llegó a construirse.
Pero para entonces ya se había empezado a enrarecer la situación. «Se hizo un nuevo contrato, pero solo por un año, cuando hasta entonces habían sido de cuatro años» señala García Diego.
Con el cierre de la instalación, «nos empezaron a pedir acreditaciones y todo el papeleo estaba en orden, pero nos hicieron una campaña de descrédito. Que la gestión era deficiente, que el tratamiento de los residuos no era correcto. Nada de eso era cierto, como hemos demostrado. Llegaron a decirnos que la empresa a la que encargamos los análisis no era la adecuada cuando era la misma que había contratado el Ayuntamiento. Incluso se difundieron videos falsos que pedí en varias ocasiones y nunca me entregaron porque los hubiera llevado al Juzgado». García Diego se duele porque «fue imposible reunirme con el alcalde hasta el 4 de octubre, cuando ya se había archivado la causa contra él y no corría riesgo de ser inhabilitado. Aseguró en una reunión en el Gobierno vasco que el cierre había sido una decisión personal».
García Diego defiende que «el matadero de Llodio estaba en buenas condiciones. No podría haber estado abierto de otra forma. Cumplíamos todas las medidas sanitarias», aseguró.
Los intentos del sector primario para reabrir el matadero de Llodio han sido infructuosos, pero confiaban en el aval del Gobierno vasco para construir una nueva instalación en las Encartaciones que diera servicio al Valle de Ayala. De hecho, García Diego ha trabajado durante meses para poner en marcha esa iniciativa con el respaldo de Lakua. Ahora, ese proyecto también está estancado. «La maquinaria estaba guardada, pero no hay avances», concluyó García Diego.
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