Amurrio crea una plaza de Bienestar Social por el aumento de expedientes

La creación de la plaza de administrativo en el área de Bienestar Social viene dada porque «en 2022 se abrieron 1093 expedientes nuevos en el área y entre 2021 y 2023 se han hecho 1400 fichas a otras tantas personas», señaló ella alcalde, Txerra Molinuevo. La edil del PSE, Laura Fernández, responsable del área de Bienestar Social explicó ayer que «los servicios sociales de Amurrio se encuentran en una difícil situación para el complimiento de sus funciones, lo que dificulta y ralentiza la garantía de los derechos en esta materia a las personas de nuestro municipio».

La ordenación de personal en el Ayuntamiento ha implicado la eliminación de otras tres plazas. La de técnico de normalización lingüística «no ha estado nunca cubierta y el técnico que tenemos desde hace veinte años, seguirá con su labor», señaló Molinuevo. Sin embargo, la medida recibió duras críticas por parte de EH Bildu, que lo condiera «una decisión arbitraria que provoca que se den pasos atrás en materia de normalización lingüística». Su portavoz, Jon Berganza lo entiende como «otro ataque más al euskara porque realizar las colonias de verano en euskara es necesario, pero no suficiente; necesitamos políticas lingüísticas reales y eficientes». Precisamente esta misma tarde, el PNV de Amurrio ha «desmentido rotundamente que se haya eliminado el puesto de Técnico de Normalización Lingüística de Euskera del Ayuntamiento». Lo que se ha eliminado es «un puesto de normalización lingüística a media jornada que nunca se ha llegado a ocupar».

Las otras dos plazas amortizadas son de profesorado de la escuela de arte, de porcelana rusa y de patchwork. El alcalde explicó que «eran plazas a extinguir desde hace varios años y de hecho, no han ido siquiera al proceso estabilización porque no se podía sacar, solo tienen el requisito de graduado escolar y estaban incluidas en las relaciones anteriores de puestos de trabajo como plazas a amortizar». En ese caso, EH Bildu ha reclamado que «se establezcan criterios claros que justifiquen la amortización de plazas. Ya que proceder de esta manera no garantiza ni la transparencia ni la igualdad de oportunidades y abre las puertas a que las amortizaciones acaben siendo objeto de subcontratación y, por tanto, de privatización».