El macrojuicio por el 'caso De Miguel' se dividirá en 12 piezas y durará diez meses

El acondicionamiento de la sala finalizó la pasada semana y ha servido para ampliar el espacio destinado a los abogados y a los procuradores y también para instalar pantallas de televisión y modificar la iluminación. De igual modo, se ha habilitado otro espacio diferenciado para la acoger a la prensa. En esa sala, se ha colocado asimismo una pantalla desde la que los periodistas acreditados podrán seguir el juicio. La sala luce ya preparada para el arranque el próximo 8 de enero de este juicio. Incluso ya están colocadas las 26 sillas en las que se sentarán los imputados, entre ellos, el que fuera 'número dos' del PNV en Álava, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía reclama más de 54 años de cárcel por liderar supuestamente una trama de cobro de comisiones ilegales.

El primer día de la vista todos los imputados deberán acudir a la Audiencia de Álava, aunque las primeras semanas de este juicio están reservadas a las cuestiones previas que planteen las partes. En consecuencia, no será hasta el 19 de febrero cuando den comienzo las declaraciones. Aún no se ha aclarado si éstas arrancarán con las de los imputados, puesto que los abogados de algunos de ellos tienen intención de plantear que sus interrogatorios se practiquen en último lugar.

El tribunal, presidido por el magistrado Jaime Tapia y compuesto también por Elena Cabero, ponente de la sentencia, y por Raúl Aztiria, ha fijado ya sesiones hasta el 25 de octubre de 2018, en horario, en principio, de mañana y durante tres días a la semana, aunque podría haber cambios. Está previsto que durante esos meses desfilen por la Audiencia Provincial de Álava unos 150 testigos y peritos y, dada la envergadura y complejidad del caso, se ha acordado que el juicio se divida y desarrolle por piezas, un total de 12.

El 'caso de Miguel' es el mayor sumario por presunta corrupción instruido en el País Vasco, con penas que suman más de 450 años de cárcel. Entre los imputados, además de De Miguel figuran Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés.

El Ministerio Fiscal sostiene que De Miguel lideró un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y le imputa un total de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La Fiscalía añade que se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV y relata hasta diez «operaciones ilícitas» en las que intervino la trama: entre ellas varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno vasco entre 2006 y 2008, durante la etapa de Juan José Ibarretxe; con la Diputación de Álava y el Parque Tecnológico de Álava. La defensa de De Miguel, por su parte, ha pedido la absolución de su defendido y ha censurado en su escrito el «relato fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco» que ha hecho la Fiscalía en este caso.